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El Consejo Directivo de la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes del Perú — ADOGEN PERÚ, expresa su desacuerdo a las recientes críticas de Janet Tello Gilardi, presidente de la Corte Suprema y del Poder Judicial del Perú, a las palabras de la presidenta de la República Keiko Fujimori, quien en la 810 Asamblea General de las Naciones Unidas, señaló que, «…tras la derrota del terrorismo en país, hace 34 años, policías y siguen siendo juzgados, a pesar de haber demostrado que el debido proceso fue transgredido…».
A través de un pronunciamiento, indican que el Poder Ejecutivo ha manifestado que respeta la separación de poderes, pero esto no significa que la actuación de jueces y fiscales puedan ser objeto de crítica, sin que signifique una injerencia en sus decisiones.
En este sentido, consideran y reconocen que, uno de los argumentos que justifican lo afirmado por la presidente de la República en la citada Asamblea General, es el incumplimiento de la Ley 32107, por parte de miembros del Poder Judicial, ley que meridianamente precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra, causal por la que muchos y policías, hace años, siguen injustamente privados de su libertad y otros, que hasta la fecha continúan con procesos judiciales, por haber participado en defensa del Estado, de la agresión de grupos terroristas, sobre hechos ocurridos hace décadas. “Estamos hablando de señores integrantes de las Fuerzas Armadas y de Policía Nacional del Perú, que hoy frisan 80 o más años de edad”, agregan.
ADOGEN PERÚ refrenda las declaraciones de la de la República en su primera y exitosa participación en las Naciones Unidas
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