El IPYS condena el ataque armado contra los reporteros Adrián Sarria y César Zamalloa mientras investigaban la minería ilegal en Nasca.
El periodista Adrián Sarria y el fotógrafo César Zamalloa, integrantes del semanario Hildebrandt en sus trece, denunciaron haber sido amedrentados con disparos por agentes de seguridad privada mientras realizaban un reportaje de campo cerca del cementerio de Chauchilla, en la provincia de Nasca, región Ica. El ataque ocurrió mientras el equipo constataba las afectaciones causadas por la minería ilegal dentro del entorno protegido de las Líneas de Nasca.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) expresó un categórico rechazo a la agresión, subrayando que los reporteros cumplían con documentar un asunto de elevado interés público. Según el pronunciamiento de la entidad, las detonaciones fueron efectuadas al aire con el objetivo explícito de aterrorizar y expulsar a los trabajadores de prensa, quienes realizaban el recorrido junto con el guardián del sitio arqueológico.
El incidente se desencadenó cuando el equipo periodístico escuchó las primeras ráfagas de disparos en las inmediaciones del espacio arqueológico. Ante el riesgo inminente, Sarria, Zamalloa y el guardián emprendieron la retirada del sector, momento en el cual fueron interceptados por un agente de seguridad privada provisto de distintivos de la agroexportadora ProAgro, identificado con el apellido Cabanillas.
El custodio encaró al grupo, exigió sus identidades y adujo que transitaban por propiedad privada. De acuerdo con la denuncia, el trabajador admitió la utilización de armas de fuego y lanzó severas amenazas verbales contra el guardián del patrimonio cultural que guiaba a los periodistas. El trasfondo de la investigación abordaba la preocupante expansión de actividades extractivas no autorizadas y agroindustriales sobre el paisaje arqueológico.
Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) se apersonaron a la zona para constatar los hechos y levantar el acta correspondiente. Sin embargo, los guardias de seguridad implicados en las intimidaciones rehusaron identificarse y se negaron a firmar el documento policial, sin que hasta el momento se hayan reportado sanciones directas ni detenciones por parte de las autoridades.
Frente a la impunidad del acto, el IPYS advirtió que el uso de armas de fuego para amedrentar a la prensa constituye una grave vulneración a la libertad de expresión. La organización alertó que estas acciones hostiles ponen en riesgo no solo a los profesionales de la comunicación, sino también a los protectores locales del patrimonio cultural que colaboran en la denuncia de delitos ambientales y patrimoniales.
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