El caso Huilca es, quizá, de los episodios más oscuros y manipulados de la historia reciente del Perú. No solo por el brutal asesinato del dirigente sindical, sino por la forma en que la verdad fue torcida y, finalmente, sepultada por intereses políticos que no tuvieron como prioridad la justicia.
Hoy, cuando ciertos sectores de izquierda pretenden reescribir aquella historia, es indispensable recordar con precisión por qué esa familia cambió su testimonio y por qué se anuló la condena que habría permitido procesar a Abimael Guzmán como autor intelectual del crimen.
El 18 de diciembre de 1992, Pedro Huilca fue asesinado delante de su casa. Apenas tres meses después, el 10 de marzo de 1993, su esposa Martha Flores y su hija Flor Huilca acudieron a la DIRCOTE, donde reconocieron a Margot Domínguez Berrospi – integrante de los comandos de aniquilamiento de Sendero Luminoso – como autora del disparo fatal. Ese reconocimiento no fue una especulación; fue un acto formal, registrado en actas policiales, que coincidía con la línea ideológica del propio Guzmán, quien, en 1988, había declarado abiertamente que la dirigencia de la CGTP era “el enemigo a eliminar”.
La lógica era evidente: Sendero Luminoso había amenazado claramente a la CGTP, y Huilca, su máximo dirigente, era un objetivo político. Años después, la captura de Óscar “Feliciano” Ramírez Durand, en 1999, reforzó esa hipótesis. En su declaración ante el Congreso, el 15 de julio de 2003, Feliciano afirmó que Guzmán era “el sospechoso principal”. ¡Todo apuntaba a una autoría intelectual senderista!
Pero entonces ocurrió lo inexplicable: la familia Huilca cambió su versión. Pasó de señalar a una senderista como autora del disparo a afirmar que el crimen fue cometido exclusivamente por el Grupo Colina. ¿Por qué? Sencillamente porque la narrativa política de las izquierdas necesitaba convertir el caso Huilca en el símbolo contra el Estado y el fujimorismo; no así contra Sendero Luminoso. ¡La verdad judicial quedaba sometida a la utilidad política! La traidora Comisión de la Verdad, alineada con Sendero, concluyó que “no logró formarse una convicción” sobre la autoría senderista, ignorando el reconocimiento inicial de la familia y la declaración de Feliciano.
El batacazo vino con la anulación de las condenas por “deficiencias del Ministerio Público”. Según Milagros Malpica Risco, abogada de Martín Rivas, si dichas condenas no se hubieran anulado, Guzmán habría podido ser procesado como coautor intelectual. Pero la anulación destruyó la estructura procesal que imputaba a Sendero. La línea de investigación quedaba así mutilada. ¡Guzmán nunca fue juzgado por el asesinato de Huilca!
Hoy, los beneficiarios de tamaña distorsión histórica son esos mismos sectores que pretenden presentarse como defensores de derechos humanos, mientras callan ante toda responsabilidad senderista. La verdad es que el cambio de testimonio —y la anulación de las condenas— no fueron accidentales. Fueron decisiones políticas, judiciales y narrativas que impidieron que el genocida más sanguinario del Perú respondiera por un crimen que, según múltiples evidencias, él mismo ordenó.
La historia no debe ser reescrita. ¡Debe ser contada con la severidad que demanda la justicia!
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