La Justicia española rechazó las medidas cautelares más restrictivas solicitadas contra Mediterráneo Digital, medio aliado de Perú Informa, que incluían el cierre de su página web, la retirada masiva de contenidos y restricciones sobre sus redes sociales oficiales.
El magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Valencia decidió no aplicar dichas medidas, permitiendo que el medio continúe desarrollando su actividad informativa mientras avanza el procedimiento judicial.
La solicitud había sido presentada por la asociación És País Valencià e incluía, entre otras medidas, la retirada provisional de determinados artículos y restricciones sobre contenidos relacionados con inmigración, feminismo, personas judías, nazismo, población gitana y el colectivo LGTBIQ+.
La acusación también había solicitado la “interrupción provisional y/o bloqueo de los servicios” que difundieran dichos contenidos, así como el envío de órdenes a proveedores de servicios de Internet para ejecutar las restricciones.
El juzgado descarta el cierre del medio
Finalmente, el juez no ordenó el cierre de Mediterráneo Digital, tampoco dispuso el bloqueo general de su página web ni la retirada indiscriminada de sus publicaciones.
La resolución establece medidas cautelares de alcance limitado y requiere al medio y a su director, Edgar Sánchez Agulló, que eviten la publicación de contenidos que puedan resultar “denigrantes, vejatorios o discriminatorios” respecto de determinados colectivos.
De esta manera, Mediterráneo Digital podrá continuar informando sobre asuntos políticos y sociales, incluidos aquellos que forman parte de la investigación judicial, dentro de los límites establecidos por la legislación española.
La resolución también señala la necesidad de ponderar las medidas adoptadas con el derecho fundamental a la libertad de expresión y de información, especialmente cuando se trata de un medio de comunicación.
Asimismo, el juzgado no determina en esta etapa que los contenidos investigados constituyan un delito de odio. Se trata de una valoración provisional, mientras continúan las diligencias destinadas a determinar la eventual relevancia penal de las publicaciones cuestionadas.
La Fiscalía plantea que el caso sea trasladado a Madrid
Otro de los puntos relevantes del procedimiento está relacionado con la competencia territorial del caso.
La Fiscalía Provincial de Valencia, a través de la fiscal especializada en Delitos de Odio, Susana Gisbert, consideró procedente que la causa sea trasladada a Madrid, al estimar que correspondería a los órganos judiciales de esa jurisdicción continuar con el procedimiento.
La cuestión deberá ser analizada ahora por la Audiencia Provincial de Valencia, después de que el juez admitiera el recurso subsidiario de apelación presentado por la representación legal de Mediterráneo Digital.
La Audiencia deberá determinar si la investigación permanece en Valencia o si finalmente es remitida a los juzgados de Madrid.
Mediterráneo Digital continuará con su actividad periodística
Con esta decisión, Mediterráneo Digital mantiene su actividad informativa y evita las medidas más severas planteadas inicialmente por la acusación.
El caso continúa en sede judicial y será necesario esperar el desarrollo de las investigaciones y las posteriores decisiones de las autoridades competentes.
La resolución vuelve a poner en el centro del debate la relación entre libertad de expresión, responsabilidad de los medios de comunicación y límites legales de las publicaciones digitales, especialmente cuando las informaciones generan controversia o pueden entrar en conflicto con otros derechos protegidos.
Para Mediterráneo Digital, medio fundado en 2010 y aliado de Perú Informa, la decisión permite mantener su actividad periodística mientras continúa el proceso judicial.
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