El fiscal general del Estado de Bolivia, Roger Mariaca, lanzó una advertencia directa a funcionarios del Poder Ejecutivo y de otras instituciones públicas para que se abstengan de obstaculizar las pesquisas vinculadas al ciudadano argentino Fernando Cerimedo, exconsejero del mandatario Rodrigo Paz.
Mariaca enfatizó que el Ministerio Público actuará con independencia y mantendrá el monitoreo y resguardo operativo de los fiscales asignados al caso en Santa Cruz y en el resto del país, señalando que quienes pretendan trancar la acción de la justicia deberán atenerse a las consecuencias legales.
Actualmente, el Ministerio Público mantiene tres procesos penales activos en contra de Cerimedo.
El primero corresponde a una acusación por tentativa de feminicidio en agravio de su expareja Nadia Beller, delito por el cual cumple prisión preventiva en la cárcel de Palmasola.
El segundo expediente atañe a un caso de violencia familiar, en el cual ya brindó su declaración informativa.
El tercer procedimiento se abrió por enriquecimiento ilícito, derivado de las denuncias presentadas por Beller sobre presuntos arreglos vinculados al comercio de oro y combustibles junto a la cúpula del Ejecutivo, caso por el cual ya se dictó una orden de aprehensión y se han ejecutado allanamientos a diversos inmuebles asociados.
Exigencia de transparencia desde el Legislativo
Ante las advertencias vertidas por la máxima autoridad del Ministerio Público, la diputada del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Catherine Pinto, solicitó formalmente a la Fiscalía que identifique y revele la identidad de los altos funcionarios que estarían ejerciendo presiones indebidas sobre los fiscales de materia.
La legisladora sostuvo que la transparencia es fundamental para evitar la impunidad y garantizar la celeridad del debido proceso sin distinciones políticas. Pinto instó al fiscal general a formalizar las denuncias con nombres específicos para consolidar el principio de igualdad ante la ley, en un contexto donde el caso ha reavivado el debate nacional sobre la interferencia política en el sistema de justicia.
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