La medida extiende por 30 días la suspensión de garantías constitucionales y mantiene esquemas excepcionales de contratación estatal.
La Asamblea Legislativa de El Salvador, impulsada por la bancada oficialista, aprobó extender por 30 días adicionales el régimen de excepción, alcanzando su prórroga número 54 consecutiva. La medida, vigente desde marzo de 2022, se ratificó mediante el mecanismo de dispensa de trámite, el cual permite la aprobación acelerada de decretos de emergencia sin debate previo en comisiones parlamentarias.
La norma perpetúa la suspensión de tres garantías constitucionales fundamentales para toda la población y faculta al Ejecutivo a continuar realizando compras estatales al margen de la Ley de Compras Públicas.
Con la continuidad de este marco legal, el Gobierno conserva la potestad de intervenir comunicaciones privadas sin orden judicial, efectuar detenciones sin informar los motivos y ampliar el plazo de detención administrativa de 3 a 15 días antes de presentar a los intervenidos ante un juez, restringiendo de forma paralela el derecho a la defensa. Asimismo, la normativa habilita procedimientos especiales de contratación que permiten la adjudicación directa o con un número limitado de proveedores.
De acuerdo con el documento oficial, la cifra acumulada de detenidos asciende a 92,959 personas en cuatro años y medio de aplicación. No obstante, dicho consolidado incluye a un margen de ciudadanos liberados tras no hallárseles vínculos con estructuras criminales, cifra que hacia noviembre de 2024 fue estimada por el propio Ejecutivo en alrededor de 8,000 personas.
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