El Poder Ejecutivo oficializó la extensión de la declaratoria de emergencia del Sistema Nacional Penitenciario hasta el 31 de diciembre de 2027. La norma, publicada a través del Decreto Supremo Nº 013-2026-JUS, busca sostener las intervenciones destinadas a contener la crisis estructural que aqueja a los penales del país en materia de seguridad, infraestructura, hacinamiento y servicios básicos para los internos.
La disposición faculta al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a diseñar y aprobar un plan de acción reforzado en un plazo de 45 días calendario. Este marco normativo establecerá indicadores de evaluación operativa y administrativa para medir de forma periódica los avances en la mitigación del sobrepoblamiento carcelario y el fortalecimiento del control interno en los establecimientos de reclusión a nivel nacional.
Asimismo, las medidas contempladas en la prórroga se adaptarán progresivamente al proceso de implementación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), creada mediante el Decreto Legislativo N.° 1710. La nueva entidad asumirá las competencias y el rol rector del sistema especializado, garantizando la continuidad de las políticas de reinserción social e infraestructura mientras concluye la transferencia de funciones operativas.
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