La representación diplomática de ambos países evita abordar la crisis migratoria en Ceuta, priorizando la demanda de mecanismos comunitarios que agilicen las expulsiones.
La primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y la jefa de Gobierno de Dinamarca, Mette Frederiksen, emitieron un comunicado conjunto en el que rechazaron la migración irregular descontrolada y exigieron a los miembros de la Unión Europea (UE) la implementación de un marco normativo más estricto que priorice el incremento de las expulsiones.
Ambas líderes propusieron la creación de centros de repatriación ubicados en terceros países fuera del continente europeo —modelo similar al proyecto ejecutado por Italia en Albania— argumentando que el flujo migratorio no regulado incrementa los índices de criminalidad, sobrecarga los servicios públicos y debilita la cohesión social.
El pronunciamiento conjunto omitió la crisis humanitaria en Ceuta, origen de un reciente conflicto diplomático entre Roma y Madrid. La discrepancia derivó en la imposición de controles aeroportuarios y marítimos recíprocos entre Italia y España, alcanzando un punto crítico cuando el Gobierno de Meloni, con el respaldo de Dinamarca, Finlandia y la República Checa, promovió la suspensión de España del espacio Schengen.
Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores italiano, Antonio Tajani, cuestionó las políticas de regularización y apertura implementadas por el Ejecutivo español, señalando que las medidas unilaterales no deben transferir sus consecuencias a los demás Estados miembros de la comunidad europea.
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