El Perú aún comunica a México su reserva para solicitar el juzgamiento de la exministra ante los tribunales nacionales.
El excanciller Luis González Posada sostuvo que el proceso judicial contra la ex jefa del Consejo de Ministros, Betssy Chávez, no queda concluido tras su traslado a territorio mexicano en condición de asilada diplomática. En declaraciones a Exitosa, el diplomático indicó que la Corte Suprema de Justicia mantiene la facultad constitucional de activar un cuaderno de extradición.
La exfuncionaria registraba una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para la rebelión dictada en el Poder Judicial, instancia a la que dejó de acudir tras refugiarse en la sede diplomática en Lima.
Procedimiento normativo y reserva de derechos del Estado peruano
Respecto al trámite del requerimiento, González Posada precisó que cualquier pedido elaborado por el Poder Judicial debe canalizarse mediante el Poder Ejecutivo hacia las autoridades mexicanas, instancia donde se determinará si la nación receptora atiende la obligación de remitir a la procesada para el cumplimiento del debido proceso.
Esta postura se alinea con la nota diplomática emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores, la cual notificó formalmente a México que la concesión del salvoconducto para la salida de Chávez se otorgó bajo expresa reserva de los derechos del Estado peruano para solicitar su eventual extradición, en concordancia con los tratados bilaterales y multilaterales vigentes.

Además de la condena impuesta, la Cancillería detalló que la ex alta funcionaria enfrenta investigaciones en el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación. A través de un comunicado oficial emitido el viernes 7 de agosto, el sector diplomático ratificó la vigencia del Estado de derecho y la separación de poderes en el país, e informó que la administración de la presidenta Keiko Fujimori impulsa consultas en el marco de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para abordar el uso de la figura del asilo diplomático.
La salida de la expremier del territorio nacional se concretó en la madrugada del viernes 7 de agosto, según confirmó el canciller Carlos Espá.
