En una sesión de madrugada, la Cámara de Senadores aprobó en general el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada impulsado por el Poder Ejecutivo. La iniciativa, redactada por el Ministerio de Desregulación y Modernización del Estado, obtuvo 37 votos afirmativos frente a 33 negativos y 2 ausencias, contando con el respaldo de la bancada oficialista de La Libertad Avanza (LLA), la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO y bloques provinciales.
Para lograr la aprobación y el giro del expediente a la Cámara de Diputados, el bloque oficialista debió retirar del dictamen la reforma a la Ley de Tierras antes del debate, así como las modificaciones relativas a la Ley de Manejo del Fuego minutos antes de la votación final. La jornada legislativa estuvo acompañada por movilizaciones sociales en las inmediaciones del Congreso que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Modificaciones al dictamen y retiro de capítulos sobre Tierras y Manejo del Fuego
El texto original sufrió modificaciones sustanciales previo a su votación artículo por artículo. Antes de la apertura de la sesión, el oficialismo excluyó la sección que facilitaba la adquisición de tierras por parte de titulares extranjeros. Asimismo, durante el transcurso del debate, el Capítulo III —destinado a derogar las restricciones de cambio de uso de suelo en áreas afectadas por incendios en la Ley de Manejo del Fuego (artículos 22 ter y 22 quáter)— perdió el respaldo de sectores aliados.
Senadores de bloques parlamentarios argumentaron posibles vicios de inconstitucionalidad que comprometerían la seguridad jurídica de la norma, lo que motivó la retirada del apartado por parte del Ejecutivo para asegurar la aprobación de la estructura general del proyecto.
Aspectos normativos aprobados y posturas parlamentarias
El dictamen que pasa a revisión de la Cámara de Diputados establece modificaciones en la ley de expropiaciones (Ley 21.499), imponiendo un criterio de interpretación restrictiva para las declaraciones de utilidad pública y fijando un límite al lucro cesante del 30 % sobre el daño emergente.
En cuanto al régimen de alquileres y procesal civil, se dispone la aplicación del juicio sumarísimo para expedir desalojos por falta de pago tras un plazo de 10 días de mora, además de actualizar los requisitos de regularización dominial de la Ley Pierri y disponer la creación de un Consejo Federal de Registros de la Propiedad Inmueble.
Durante las intervenciones en el recinto, los legisladores de la oposición expresaron que el endurecimiento de los procedimientos de desalojo afecta la situación de los inquilinos en el contexto económico actual y cuestionaron la prioridad del proyecto frente al acceso generalizado a la propiedad. Por su parte, los voceros de la bancada oficialista sostuvieron que las reformas resultan necesarias para garantizar la certidumbre jurídica, proteger los derechos patrimoniales y fomentar la atracción de inversiones en el país.
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