La decisión del Poder Judicial responde a la inobservancia de un fallo laboral definitivo por parte del presidente de Alianza para el Progreso, quien elude el internamiento efectivo bajo las prerrogativas de la legislación vigente para adultos mayores sin antecedentes penales.
El Poder Judicial dictó una condena de un año y seis meses de prisión suspendida contra el líder del partido Alianza para el Progreso y exgobernador regional de La Libertad, César Acuña, tras hallarlo culpable del delito de violación a la libertad de trabajo.
El fallo en primera instancia, emitido el 20 de mayo de 2026 por el Juzgado Penal Unipersonal de La Libertad y difundido por Infobae, determinó que el exfuncionario desobedeció de forma dolosa un mandato judicial firme que le ordenaba liquidar una deuda laboral de 88.525 soles en favor de los deudos de una docente cesante.
Como consecuencia directa de este dictamen, César Acuña anunció públicamente su renuncia a postular a la reelección regional, debido a que la legislación electoral vigente prohíbe las candidaturas de ciudadanos que cuenten con sentencias penales en primera instancia.
La judicatura desestimó los argumentos de la defensa técnica, ejercida por el excongresista Luis Váldez, la cual sostenía que el exgobernador no había sido notificado válidamente y que la habilitación de los fondos dependía del Ministerio de Economía y Finanzas.
El tribunal corroboró que los cargos ingresaron regularmente por la mesa de partes del Gobierno Regional de La Libertad, concluyendo que la presunción de inocencia quedó desvirtuada al configurarse los elementos objetivos del tipo penal.
Reglas de conducta y recurso de apelación
Debido a la condición de adulto mayor del procesado —quien supera los 65 años— y a la ausencia de antecedentes judiciales, la pena inicial de dos años se redujo y se suspendió su ejecución efectiva en un centro penitenciario.
A cambio, el sentenciado quedó sujeto a reglas de conducta obligatorias, entre las que destacan la prohibición de variar su domicilio sin autorización judicial, comparecer cada 30 días a la Oficina de Control y pagar la suma total de 97.377 soles, cifra que unifica el pasivo laboral y una reparación civil complementaria de 8.852 soles. El caso no se encuentra cerrado, ya que la defensa interpuso un recurso de apelación que elevará el expediente a una Sala Penal de Apelaciones, instancia encargada de resolver si confirma o revoca el fallo.
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