Revista: La Cámara CCL
Artículo de opinión
El principal anuncio laboral del reciente Mensaje a la Nación fue el incremento de la Remuneración Mínima Vital a S/ 1,300. Como era previsible, el debate público se concentró de inmediato en una sola pregunta: si era o no el momento adecuado para aumentar el salario mínimo. Algunos sostuvieron que la medida era necesaria para mejorar las condiciones de vida de miles de trabajadores; otros advirtieron sobre sus posibles efectos en el empleo formal, la inversión y la sostenibilidad de muchas empresas. Sin embargo, creo que la mayor enseñanza del Mensaje Presidencial no se encuentra en esa discusión.
La verdadera noticia no fue el monto del incremento. Fue la forma en que el propio Presidente decidió presentarlo.
El aumento de la Remuneración Mínima Vital no fue anunciado como una medida aislada. Formó parte de un mensaje más amplio, acompañado por acciones orientadas a respaldar a las micro y pequeñas empresas, promover la formalización y reafirmar la importancia del trabajo, la inversión y la empresa como motores del desarrollo. Más allá de la opinión que cada uno pueda tener sobre la medida, existe una idea que merece ser resaltada: el propio Estado reconoce que una política laboral no puede descansar únicamente en una decisión normativa.
Esa es, a mi juicio, la verdadera confesión del Mensaje Presidencial.
No la confesión de un error ni el reconocimiento de un fracaso. Es la aceptación de una realidad que con demasiada frecuencia olvidamos: ninguna política pública transforma la vida de las personas por el solo hecho de ser anunciada. Las normas pueden señalar el camino, pero necesitan instituciones sólidas, políticas coherentes y una ejecución responsable para alcanzar los fines que las justifican.
Durante muchos años hemos discutido las reformas laborales como si bastara modificar una ley para modificar la realidad. Hemos depositado enormes expectativas en cambios normativos, cuando la experiencia demuestra que el Derecho, por sí solo, no puede producir aquello que depende también de la economía, de las instituciones y de la capacidad del Estado para ejecutar adecuadamente sus decisiones.
Una ley puede reconocer derechos. No puede crear productividad.
Puede establecer obligaciones. No puede generar inversión.
Puede fijar una remuneración mínima. No puede garantizar, por sí sola, más empleo formal ni mejores oportunidades para quienes buscan incorporarse al mercado de trabajo.
Lejos de disminuir la importancia del Derecho, esta constatación lo engrandece. Su función no consiste en reemplazar la realidad, sino en ordenarla y orientarla. Cuando olvidamos esa diferencia, terminamos atribuyendo a las normas responsabilidades que corresponden, en realidad, a la calidad de las políticas públicas.
Por ello considero especialmente valioso el enfoque contenido en el reciente Mensaje Presidencial. Al presentar el incremento de la Remuneración Mínima Vital junto con medidas de apoyo a las micro y pequeñas empresas, incentivos para la formalización y un mensaje de confianza hacia la inversión, el propio Estado reconoce que las decisiones públicas deben integrarse dentro de una estrategia más amplia. Ese enfoque merece ser destacado porque eleva el debate por encima de la discusión sobre una cifra y lo traslada hacia la verdadera responsabilidad del Estado.
Gobernar no consiste únicamente en decidir. Consiste en hacer posible.
Las políticas públicas no fracasan únicamente por decisiones equivocadas. También fracasan cuando decisiones correctas se ejecutan sin las condiciones necesarias para hacerlas realidad. Allí radica una de las mayores responsabilidades de todo gobierno: comprender que el éxito de una medida no depende únicamente de la legitimidad de su objetivo, sino también de la capacidad institucional para convertirla en resultados.
Esta reflexión trasciende ampliamente el ámbito laboral. También vale para la educación, la salud, la seguridad ciudadana o la justicia. Ninguna reforma producirá los cambios esperados si el Estado no desarrolla las capacidades necesarias para ejecutarla. Las leyes son indispensables, pero nunca suficientes.
La mejora de las condiciones laborales constituye un objetivo que debería unirnos a todos. Nadie puede estar en contra de que un trabajador viva mejor, del mismo modo que nadie debería ser indiferente a la necesidad de contar con empresas capaces de invertir, crecer y generar empleo formal. Presentar ambos objetivos como incompatibles ha empobrecido innecesariamente nuestro debate público.
Ojalá sepamos aprovechar la oportunidad que deja el reciente Mensaje Presidencial. No únicamente para discutir el monto de una remuneración, sino para recordar que el verdadero desafío de toda política pública consiste en construir las condiciones que permitan que sus objetivos se conviertan en una realidad.
El Perú no necesita elegir entre trabajadores y empresas, entre crecimiento económico y justicia social, entre inversión y protección laboral. Necesita comprender que esos objetivos solo pueden alcanzarse de manera duradera cuando dejan de enfrentarse y comienzan a construirse conjuntamente.
Porque las normas cambian el Derecho desde el día de su publicación. Pero solo un Estado que gobierna con responsabilidad puede cambiar, de verdad, la vida de las personas.
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