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Artículo de opinión
Los antisistema, aquellos que quieren una nueva Constitución Política y la liberación del golpista P. Castillo, cuyo sombrero, también impostado, se pusieron cual disfraz, no lograron demostrar irregularidad alguna en la segunda elección presidencial, luego de que, ufanos, dijeran que en la primera vuelta no habían advertido ningún problema.
Pero ahora ensayan, con astucia, que, para que haya equilibrio de poderes, las presidencias del Senado, de la Cámara de Diputados y, por ende, la del Congreso de la República, les deben corresponder a ellos. Incluso llegan a espetar que Fuerza Popular, cuya fórmula presidencial ganó y que es la primera mayoría relativa en el Parlamento, no debería siquiera participar en la Mesa Directiva de las Cámaras.
De acuerdo con el artículo 43 de la Constitución Política vigente, el gobierno del país, además de ser unitario, representativo y descentralizado, se organiza según el principio de separación de poderes. Esto último significa asignarles a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial tareas específicas, buscando especialización y eficiencia en el cumplimiento de estas. Ello, en modo alguno, supone distancia ni, mucho menos, falta de entendimiento.
Por el contrario, la propia Constitución prevé mecanismos de colaboración, sobre todo entre los poderes derivados de la voluntad popular, el Legislativo y el Ejecutivo, que suponen su participación en determinadas decisiones importantes para el país.
Comencemos con la intervención de ambos poderes en la generación de las leyes. Toda ley aprobada por el Congreso de la República debe ser enviada a la Presidencia de la República para su promulgación, pudiendo esta observarla, salvo la ley de reforma constitucional. Continuemos con una intervención similar para la conformación del directorio del Banco Central de Reserva, el nombramiento del contralor general de la República y del superintendente de Banca y Seguros.
Incluso, la labor de control político y fiscalización que corresponde al Congreso de la República sobre los demás poderes y entes públicos debe verse no como una tarea de carácter persecutorio o policial, sino desde la óptica de una leal colaboración para que el Estado cumpla con integridad y eficacia sus fines en favor de los gobernados.
A quienes pretenden desconocer que la voluntad expresada en las urnas por los electores determina el peso de cada fuerza política presente en el Congreso de la República, habría que recordarles que no existe prohibición alguna para que los partidos que presenten una fórmula presidencial inscriban también una lista parlamentaria. Más bien, es regla general que toda plancha presidencial vaya acompañada de una lista congresal, porque es indudable que la gestión del Poder Ejecutivo requiere soporte parlamentario.
Corresponde sumar, no restar.
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