El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, anunció una reestructuración drástica de la estructura administrativa de la Casa de Nariño orientada a eliminar los cargos burocráticos innecesarios y las denominadas «corbatas» estatales.
A través de su tercera alocución presidencial, el mandatario electo detalló que se suprimirán 229 puestos públicos, medida que generará un ahorro estimado de 10 mil millones de pesos mensuales que se reorientarán a programas sociales de beneficio directo para la ciudadanía. Como parte de esta reforma, desaparecerán de forma definitiva la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y el DIH, la Consejería para la Reconciliación Nacional y la Unidad de Implementación del Acuerdo Final.
Reorganización de funciones y supresión del Comisionado de Paz
Las responsabilidades de las consejerías disueltas serán absorbidas directamente por las carteras de Interior, Defensa y Relaciones Exteriores. El plan de reestructuración gubernamental contempla las siguientes disposiciones:
- Transformación regional: La Consejería para las Regiones no se eliminará, sino que se reestructurará bajo el nombre de Gerencia para las Regiones, operando como el puente de coordinación entre el Gobierno central, los alcaldes y los gobernadores.
- Eliminación de agencias: Diversas agencias adscritas al Palacio presidencial dejarán de funcionar bajo el nuevo esquema estatal.
- Supresión del Comisionado para la Paz: El cargo de Comisionado de Paz será abolido de forma definitiva a partir del próximo 7 de agosto. De La Espriella enfatizó que su gestión no sostendrá negociaciones bajo el concepto de lo que denominó «falsa paz», priorizando en su lugar la seguridad ciudadana y el desmantelamiento de las estructuras criminales vigentes.
Duras críticas a la JEP y a alias «Timochenko»
En el marco de sus anuncios, el mandatario electo instruyó a sus futuros ministros de Interior y Defensa desarticular de inmediato las políticas previas de pacificación. Asimismo, De La Espriella lanzó fuertes cuestionamientos contra la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) por haber autorizado el viaje a España de Rodrigo Londoño, conocido como alias «Timochenko», tras ser invitado por la organización Izquierda Unida. El presidente electo calificó el permiso de salida como un intento de «lavar crímenes» y aseveró que el exjefe guerrillero debería cumplir cadena perpetua en prisión. Al retornar al territorio colombiano, Londoño deberá comparecer formalmente ante el tribunal especial de justicia.
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