Una masiva movilización civil recorrió las calles del centro de Quito con el objetivo de respaldar formalmente la solicitud de revocatoria de mandato del presidente Daniel Noboa y de la vicepresidenta María José Pinto. La iniciativa legal, promovida de manera conjunta por el jurista Washington Andrade, el dirigente indígena Leonidas Iza y el ciudadano Jorge Cáceres, unificó a diversas plataformas civiles que exigen al Consejo Nacional Electoral (CNE) dar curso inmediato al trámite correspondiente.
La manifestación se sustentó en el marco de la legislación constitucional vigente, argumentando que el Poder Ejecutivo ha incurrido en un sistemático incumplimiento de las promesas y metas plasmadas en su plan de gobierno original.
Despliegue de la «Marcha de las antorchas» y movilización hacia la sede del CNE
La jornada de protesta pacífica comenzó en la avenida de los Shyris para luego avanzar de forma compacta hacia las instalaciones centrales del organismo electoral, situadas en la avenida Seis de Diciembre. Bajo la consigna de la «Marcha de las antorchas», los ciudadanos portaron velas y luminarias como símbolos de rechazo a la gestión gubernamental y de exigencia democrática.
Durante el recorrido, los portavoces de los colectivos sociales demandaron de forma enérgica que las autoridades del CNE procedan con la entrega oficial de los formularios técnicos indispensables para dar inicio a la recolección nacional de firmas, paso requerido para convocar a las urnas.
Tras el término de la movilización frente a la sede electoral, el abogado Washington Andrade anunció vía redes sociales el inicio de una vigilia permanente orientada a salvaguardar el derecho a la participación ciudadana, quedando a la espera del dictamen definitivo del ente regulador.
Por su parte, la administración del presidente Daniel Noboa rechazó de forma categórica la procedencia de la movilización, asegurando que la petición carece de fundamentos jurídicos válidos y solicitando formalmente su archivo inmediato. Al cierre de las manifestaciones, la decisión técnica y legal sobre la admisión del proceso revocatorio se mantiene bajo la exclusiva competencia de los magistrados del CNE.
