Solo 19 de los 374 detenidos en flagrancia por robo de cableado este año cumplen prisión efectiva, exponiendo las limitaciones legales para frenar este delito.
Tres sujetos fueron capturados en flagrancia por la Policía Nacional del Perú durante la madrugada del viernes 3 de julio, mientras se encontraban sustrayendo cables de fibra óptica desde una cámara subterránea de telecomunicaciones en el distrito de La Molina.
La intervención policial se ejecutó de forma inmediata en pleno acto delictivo, permitiendo el traslado de los involucrados a la comisaría de Salamanca para las investigaciones correspondientes. Este hecho ha reavivado las alarmas sobre la vulnerabilidad de la infraestructura de conectividad, dado que la zona viene sufriendo atentados sistemáticos contra las redes de transmisión.
Reincidencia delictiva y vinculación con el apagón digital
Las indagaciones preliminares a cargo del Ministerio Público y la Policía apuntan a que los detenidos guardan relación directa con un atentado previo perpetrado el pasado 1 de julio en la misma jurisdicción. En aquella oportunidad, un corte deliberado de fibra óptica interrumpió severamente el servicio de internet fijo en diversos sectores de La Molina y distritos colindantes de Lima Este.
Tras ese primer sabotaje, la empresa concesionaria Movistar desplegó personal técnico para restablecer las conexiones e identificó movimientos sospechosos en los buzones de la red, alertando a las fuerzas del orden; dicho reforzamiento de la vigilancia preventiva facilitó la localización de los sospechosos en esta segunda incursión.
En el ordenamiento jurídico peruano, el hurto, vandalismo o daño a la infraestructura de telecomunicaciones constituye una modalidad de delito grave que contempla penas de entre 4 y 8 años de privación de la libertad, debido a la afectación directa a servicios esenciales vinculados al trabajo, la educación y los sistemas de emergencia.
Las estadísticas institucionales revelan que, a pesar de registrarse 374 detenciones en flagrancia por este ilícito en lo que va del año, las herramientas procesales muestran severas limitaciones de sanción, pues apenas 19 implicados cumplen prisión efectiva a la fecha. Frente a este escenario, las autoridades y la operadora privada exhortaron a la ciudadanía a denunciar de forma anónima cualquier manipulación sospechosa de postes, cableados o cámaras subterráneas en la vía pública.
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