Organizaciones sociales y simpatizantes marcharán por la legitimidad democrática durante el tramo final del conteo de votos.
El candidato presidencial de la agrupación política Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, formalizó a través de sus canales oficiales la convocatoria a una movilización civil en la ciudad de Lima para el viernes 19 de junio de 2026. El llamamiento, dirigido a los comités partidarios, organizaciones aliadas y simpatizantes, tiene como propósito respaldar la fiscalización del proceso de sufragio y exigir garantías institucionales de transparencia en el tramo final del recuento de actas.
La iniciativa se suscita en un contexto de estrecho margen de votación tras la jornada electoral del pasado 7 de junio; según los reportes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la candidata Keiko Fujimori registra provisionalmente el 50.09 % de los votos válidos frente al 49.91 % obtenido por Sánchez, lo que representa una diferencia absoluta de 35,600 sufragios en el cómputo general.
El liderazgo de la organización política fundamentó la pertinencia de la marcha en el ejercicio del derecho constitucional a la participación y la vigilancia civil, denunciando presuntas anomalías en la gestión del proceso y supuestas corrientes de opinión orientadas a condicionar la legitimidad de los resultados preliminares. Los voceros de Juntos por el Perú señalaron formalmente que no convalidarán resoluciones del sistema electoral que contengan controversias técnicas o vacíos procesales pendientes de resolución por parte de los jurados especiales, instando a las autoridades a agotar los mecanismos de validación de actas para asegurar la regularidad del proceso democrático.
Despliegue de concentraciones regionales y matices en la línea partidaria
El plan de acción estructurado por la dirigencia del partido comprende el desarrollo de marchas en la capital de la República de forma paralela a la realización de vigilias ciudadanas y plantones pacíficos en las principales plazas de las capitales de departamento. La organización ratificó que las bases gremiales y los colectivos adscritos mantendrán las medidas de supervisión pública hasta que los organismos competentes absuelvan la totalidad de los recursos de impugnación interpuestos por los personeros legales.
«El escrutinio riguroso y la transparencia institucional no debilitan el orden democrático, sino que consolidan su estructura, en la medida en que la representatividad del poder político emana del voto directo de los ciudadanos y no de concertaciones de carácter partidario», manifestó el candidato Roberto Sánchez al argumentar la necesidad de la jornada de protesta.
A nivel interno, la dinámica discursiva de la agrupación presenta posturas diferenciadas respecto al reconocimiento de la validez del dictamen oficial. La portavoz de Juntos por el Perú, Anahí Durand, precisó que las acciones de impugnación técnica y la convocatoria a la movilización ciudadana se enmarcan dentro de las prerrogativas de la legislación electoral vigente, aclarando que estos mecanismos de fiscalización no configuran un desconocimiento anticipado o sistemático de los resultados que finalmente proclame el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) una vez concluidas las etapas de apelación.
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