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Policías y manifestantes chocan con violencia en las calles dejando un saldo inicial de diez personas detenidas.
Una multitudinaria movilización social en la sede de gobierno de Bolivia derivó este lunes 25 de mayo de 2026 en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la Policía Nacional, consolidando la cuarta semana consecutiva de huelgas y protestas.
La jornada de protesta se reavivó a pesar de que el presidente de centroderecha, Rodrigo Paz, quien asumió el cargo hace seis meses, anunció un recorte del 50 % en su sueldo y el de sus ministros como un gesto de austeridad.
La medida fue calificada de simbólica por los gremios, ya que el salario presidencial asciende a 24,000 bolivianos (3,448 dólares) y su rebaja no figura en la plataforma de lucha de los manifestantes, quienes exigen de forma unánime la renuncia del mandatario ante la mayor crisis económica de las últimas cuatro décadas en el país andino.
Despliegue gremial, choques y detenciones en el centro de la capital
La marcha congregó a miles de mineros, campesinos, choferes y obreros de fábrica que descendieron desde la ciudad de El Alto hacia el centro de La Paz con el objetivo de romper los cercos de seguridad e ingresar a la plaza de armas, donde se ubican las oficinas presidenciales.
Las fuerzas antimotines repelieron a la multitud con gases lacrimógenos, desencadenando una batalla campal en la que los huelguistas utilizaron piedras, palos, petardos y cartuchos de dinamita, dejando un saldo inicial de al menos diez personas detenidas.
Las bases sociales fundamentan su rechazo en la aplicación de la política económica liberal del Ejecutivo, la exigencia de incrementos salariales y la distribución de combustible de deficiente calidad que ha averiado miles de vehículos a nivel nacional.
Bloqueos viales y acusaciones de desestabilización democrática
El origen del conflicto se remonta a inicios de mayo bajo la convocatoria de la Central Obrera Boliviana (COB), y actualmente mantiene activos cerca de 50 bloqueos de carreteras en el territorio nacional, provocando un severo desabastecimiento de medicamentos, combustible y alimentos concentrado críticamente en las urbes de La Paz y El Alto.
Aunque el presidente Paz reiteró su llamado a una mesa de diálogo formal, descartó cualquier acercamiento con las facciones radicales y denunció que las movilizaciones pretenden alterar el orden democrático, postura que ha recibido el respaldo diplomático de Estados Unidos y otros gobiernos de América Latina.
Asimismo, el Ejecutivo acusó directamente al expresidente Evo Morales de orquestar las protestas desde la clandestinidad, luego de que el líder cocalero demandara el adelanto de elecciones generales en un plazo de 90 días.
Impacto humanitario de las protestas y saldo de víctimas
La parálisis de las vías de comunicación terrestre ha generado fricciones directas con las fuerzas del orden; el último sábado, un contingente militar y policial fracasó en su intento de liberar las rutas de acceso para dar paso a convoyes de asistencia humanitaria debido a la resistencia civil.
En el plano humanitario, el panorama presenta un cruce de acusaciones respecto a los costes humanos de la crisis: el Gobierno reporta que al menos cuatro ciudadanos han fallecido por emergencias médicas que no pudieron ser atendidas en centros hospitalarios debido al bloqueo de las autopistas, mientras que los portavoces de las organizaciones sociales atribuyen a la represión policial la muerte de un manifestante.
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