El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) implementó un riguroso operativo táctico de traslado para reubicar a 11 internos de perfil crítico procedentes del Establecimiento Penitenciario de Chincha, en la región Ica. La medida, fundamentada en los lineamientos del plan nacional de deshacinamiento y seguridad carcelaria, conllevó el desplazamiento de los reclusos hacia prisiones de máxima contención ubicadas en zonas geográficas de mayor aislamiento, tales como Cochamarca en Pasco, Juliaca en Puno, Cajamarca y Chachapoyas en Amazonas.
La movilización de los internos demandó el despliegue coordinado de un contingente integrado por más de 180 efectivos, compuesto por especialistas en seguridad del Inpe, miembros del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) de la institución penitenciaria y agentes tácticos de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes aseguraron los perímetros terrestres durante todo el itinerario de reubicación en este mayo de 2026.
De acuerdo con los informes de la Subdirección de Inteligencia Penitenciaria, se identificó que este grupo de reos pretendía articular redes de extorsión y dirigir actividades delictivas hacia el exterior desde los pabellones de Chincha.
Frente a estas alertas técnicas, la jefatura del Inpe dispuso el traslado inmediato al régimen cerrado especial de Cochamarca, en Pasco, de Edinson Pier Flores Pinto y Tomy Flores Pinto, ambos sentenciados por extorsión, robo agravado y homicidio, quienes al momento de su captura integraban la organización criminal “Los Ñatos”.
A este mismo recinto fueron conducidos Peter Tomas Guzman Salazar, Gustavo Alexis Jesús Martínez Zuñiga, Luis Ángel Guzman Salazar y Humberto Fernando Solis Risco, este último vinculado con antecedentes de alta peligrosidad al haber actuado como lugarteniente de Luis Antonio Peralta Del Carpio, presunto autor intelectual del homicidio de la abogada Fanny Hernández Correa.
Aislamiento de mandos vinculados a mafias de construcción civil
Como parte de la misma estrategia de contención, la autoridad penitenciaria ordenó el confinamiento en el penal de Juliaca, en Puno, de Luis Alfonso Medina Cartagena. De acuerdo con los antecedentes recopilados por las fuerzas del orden, Medina Cartagena ejerció funciones clave en el sector de construcción civil en la provincia de Chincha antes de su captura, posición que habría instrumentalizado para acceder y filtrar información sensible sobre obras públicas y contratistas a la red delictiva «La Gran Familia Chinchana», organización a la que pertenecía al momento de su detención en el año 2014.
Con la ejecución de estas transferencias, el Inpe ratificó su política de tolerancia cero frente al crimen organizado dentro de los centros de reclusión, buscando neutralizar de forma permanente la capacidad operativa de los cabecillas de bandas delictivas para salvaguardar la paz pública y la seguridad ciudadana.
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