El Primer Despacho de la Tercera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Violencia Contra las Mujeres y los Integrantes del Grupo Familiar de Lima Este logró una sentencia de cadena perpetua contra William M. (27), tras hallarlo culpable del delito de violación sexual en agravio de una menor de 13 años.
El fallo judicial impone la máxima sanción penal establecida en el código democrático nacional y fija una reparación civil de S/ 10 000 que el sentenciado deberá abonar a favor de la víctima.
Modus operandi y desarrollo del hecho delictivo
La teoría del caso demostrada por el Ministerio Público determinó que la agresión ocurrió el 12 de febrero de 2022 en el distrito de Ate. El agresor, valiéndose de su condición de vecino de la víctima, la acompañó bajo el pretexto de pasear a una mascota hacia un parque cercano.
Posteriormente, mediante engaños y coacción, la condujo hacia un vehículo estacionado en el garaje privado de su progenitor, lugar confinamiento donde consumó el abuso sexual aprovechando la situación de vulnerabilidad y la incomunicación de la adolescente.
Sustento probatorio y diligencias técnicas del Ministerio Público
Durante la etapa de juicio oral, la fiscal adjunta provincial Lidia Cristina de la Cruz Arriaran presentó un portafolio de evidencias de carácter científico y testimonial que desvirtuó la presunción de inocencia del acusado. Entre los elementos de convicción validados por el juzgado destacan:
- El reconocimiento médico-legal practicado a la menor agraviada y los exámenes biológicos del imputado.
- El testimonio de la víctima obtenido mediante el protocolo de entrevista única en Cámara Gesell, el cual evitó la revictimización y aportó un relato coherente y periférico de los hechos.
- Las declaraciones del personal de la Policía Nacional del Perú (PNP) que intervino en las primeras diligencias del caso.
La estrategia procesal y el acopio técnico de pruebas que sustentaron la acusación penal fueron dirigidos por la fiscal provincial Liliana Dávila Olortegui, quien lideró las fases de investigación preliminar, preparatoria y el requerimiento acusatorio definitivo, consolidando una sanción ejemplar contra los delitos que vulneran la indemnidad sexual infantil.
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