Manifestaciones derivan en saqueos y choques con la policía, mientras el Gobierno culpa a sectores afines a Evo Morales.
Una violenta jornada de protestas en el centro de La Paz concluyó con la detención de más de 127 personas, tras registrarse saqueos, incendios provocados, ataques a sedes gubernamentales y cruentos enfrentamientos con las fuerzas del orden.
Las movilizaciones, promovidas por organizaciones sindicales, gremios campesinos, sectores mineros y facciones leales al expresidente Evo Morales, exigen la renuncia inmediata del mandatario Rodrigo Paz. El comandante nacional de la Policía, Mirko Sokol, ratificó la cifra de arrestados y advirtió que los operativos continuarán de forma estricta para capturar a quienes lideraron los actos vandálicos.
Ataques a sedes políticas y ensañamiento contra las fuerzas del orden
El epicentro del conflicto se focalizó en los alrededores de la plaza Murillo, sede del Poder Ejecutivo y del Congreso boliviano. Miles de manifestantes intentaron tomar el control del cuadrante político utilizando piedras, artefactos pirotécnicos, explosivos artesanales y cargas de dinamita contra los cordones de seguridad, los cuales repelieron el avance mediante el uso de gases lacrimógenos.
Durante los disturbios, grupos de civiles asaltaron comercios privados y oficinas públicas, sustrayendo equipamiento tecnológico y mobiliario para incinerarlo en la vía pública, además de destruir un vehículo patrullero de la Policía.
El balance operacional reporta un saldo de once efectivos policiales heridos, dos de ellos en estado de gravedad. El caso más crítico involucra a un suboficial que custodiaba una estación del teleférico, quien fue golpeado de forma generalizada hasta quedar inconsciente, presentando un diagnóstico de alta probabilidad de pérdida de la visión en un ojo.
Por este hecho, las autoridades capturaron a dos sospechosos que serán procesados bajo el cargo de tentativa de asesinato. En paralelo, el Ministerio Público emitió órdenes de aprehensión contra los principales promotores de las movilizaciones, incluyendo a Mario Argollo, líder de la Central Obrera Boliviana (COB), quien es investigado por los delitos de terrorismo e instigación pública a delinquir.
Bloqueo de carreteras y desabastecimiento por crisis de combustibles
La ola de protestas sociales se desató en medio de un adverso escenario económico caracterizado por la inflación, la escasez de dólares y el desabastecimiento crónico de combustibles. Este panorama se agudizó tras la decisión del Gobierno de eliminar los subsidios estatales a los hidrocarburos, medida que disparó el precio final del diésel y la gasolina. Como mecanismo de presión, los sindicatos agrarios mantienen 32 bloqueos activos de carreteras desde hace más de dos semanas, aislando el departamento paceño.
Estas restricciones en las vías nacionales han comenzado a comprometer el suministro de alimentos, carburantes y oxígeno medicinal hacia la capital boliviana. Frente al riesgo inminente de desabastecimiento, el Poder Ejecutivo anunció el despliegue combinado de operativos policiales y militares con el objetivo de liberar las rutas estratégicas y habilitar un corredor humanitario de emergencia que garantice el flujo de insumos de primera necesidad.
