La administración de los Estados Unidos anunció una nueva serie de sanciones económicas y administrativas dirigidas contra la Dirección de Inteligencia de Cuba (G2/DGI), así como contra 11 altos funcionarios del Estado cubano.
La medida, ejecutada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, incorpora a los señalados en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN).
Este paquete de restricciones financieras busca incrementar la presión institucional sobre el aparato político, militar y de seguridad de La Habana, congelando bienes bajo jurisdicción estadounidense y prohibiendo transacciones comerciales con ciudadanos o empresas de ese país.
Autoridades e instituciones comprendidas en las restricciones
El secretario de Estado del país norteamericano, Marco Rubio, detalló que los dictámenes se amparan en la Orden Ejecutiva 14404, suscrita el 1 de mayo de 2026 por el presidente Donald Trump. Este decreto faculta la imposición de penalidades a sectores estratégicos de la economía isleña y a actores señalados por presunta corrupción, amenazas a la seguridad nacional de Washington o violaciones a los derechos humanos. Entre las principales figuras políticas y ministeriales incorporadas al listado restrictivo destacan:
- Esteban Lazo Hernández: Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
- Roberto Morales Ojeda: Secretario de Organización del Partido Comunista de Cuba (PCC).
- Mayra Arevich Marín: Ministra de Comunicaciones.
- Vicente de la O Levy: Ministro de Energía y Minas.
- Joaquín Quintas Solá: Viceministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Asimismo, la resolución de la OFAC incluyó formalmente a la Dirección de Inteligencia (G2/DGI) y actualizó los expedientes sancionatorios previos del Ministerio del Interior (Minint) y de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR), ratificando los bloqueos individuales contra mandos policiales como el director general de la PNR, Óscar Alejandro Callejas Valcárcel, y el subdirector Eddy Manuel Sierra Arias.
Rubio advirtió que esta disposición representa la segunda oleada de designaciones en menos de dos semanas -tras las sanciones emitidas el 7 de mayo contra el conglomerado militar GAESA y la empresa Moa Nickel S.A.– y anticipó la aplicación de nuevas medidas punitivas.
Contracción del suministro energético e impacto comercial
La presión de la Casa Blanca contra las cadenas de suministro comercial se remonta al 29 de enero de 2026 con la emisión de la Orden Ejecutiva 14380, la cual declaró una emergencia nacional respecto a Cuba y estableció aranceles secundarios contra compañías internacionales que transporten o suministren carburantes a la isla. Bajo este marco legal, el Gobierno estadounidense ha acumulado más de 240 nuevas disposiciones regulatorias que restringen el comercio exterior de la nación caribeña.
Los efectos macroeconómicos se han manifestado con severidad en el sector energético cubano durante los meses de abril y mayo. Informes del sector técnico señalan que la isla requiere un promedio operativo de ocho buques de combustible mensuales; sin embargo, debido al riesgo de penalizaciones secundarias, el arribo se redujo a una sola embarcación en el periodo reciente, consolidando una caída de entre el 80 % y el 90 % en las importaciones de energía.
Ante el endurecimiento del cerco financiero, corporaciones logísticas globales como Hapag-Lloyd y CMA CGM suspendieron sus reservas de carga hacia puertos cubanos, mientras que la minera canadiense Sherritt International paralizó sus operaciones directas en el territorio de la isla.
Respuesta oficial del Gobierno de La Habana
El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, rechazó de forma categórica la ofensiva diplomática y económica mediante un pronunciamiento oficial. El mandatario cubano aseveró que las agencias de Washington carecen de evidencias materiales para sustentar los expedientes de la OFAC y afirmó que ningún miembro del Partido Comunista, del Estado o de las instituciones militares posee cuentas bancarias ni activos patrimoniales dentro de la jurisdicción territorial de los Estados Unidos.
El gobernante cubano argumentó que la actual retórica responde a una estrategia para justificar la intensificación de una «guerra económica total» y calificó de ilegal, inmoral y criminal el mecanismo de sanciones secundarias que castiga a terceros proveedores.
Díaz-Canel denunció las restricciones operativas que dificultan la adquisición de insumos básicos -tales como medicamentos, alimentos y productos de aseo- catalogando las disposiciones estadounidenses como un «acto de genocidio» e instando a los organismos multilaterales a emitir una condena internacional contra los promotores de la política exterior norteamericana.
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