Estudiantes exigen garantías de seguridad ante denuncias de hostigamiento en San Marcos.
La crisis interna en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) escaló en conflictividad este domingo 17 de mayo de 2026. La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) denunció públicamente que grupos de civiles no identificados intentaron atacar físicamente a los alumnos que mantienen el control de la puerta 5 del campus.
Las hostilidades se iniciaron a tempranas horas de la mañana en el acceso vehicular contiguo al estadio universitario, locación donde se había programado una actividad de carácter religioso; según los manifestantes, los huelguistas apostados en el perímetro fueron atacados con el lanzamiento de piedras por parte de estos sujetos extraños.
La medida de fuerza comenzó el pasado martes 12 de mayo, coincidiendo con el aniversario 475 de la decana de América, en rechazo frontal al Proyecto de Ley N.° 12736. Dicha iniciativa legislativa, impulsada por el congresista Edgar Tello con el respaldo de los parlamentarios José Luna, Isabel Cortez, Digna Calle, Guido Bellido y Francis Paredes, busca legalizar la reelección inmediata de rectores y vicerrectores en las universidades públicas, una figura jurídica expresamente prohibida por la actual Ley Universitaria.
Los gremios estudiantiles sostienen que la propuesta normativa representa una legislación con nombre propio para favorecer directamente a la actual rectora, Jeri Ramón, permitiéndole postular a un nuevo periodo consecutivo. Esta contrarreforma ha centralizado el descontento estudiantil debido a la inminente cercanía del cronograma electoral institucional, cuyo plazo para la inscripción de candidaturas venció el sábado 16 de mayo. El proyecto ha generado el rechazo en cadena de al menos 20 universidades nacionales y de la Junta Nacional de Rectores de Universidades Públicas.
Alerta por agresiones físicas y pasividad de las fuerzas del orden
Ante el incremento del riesgo físico, la FUSM emitió un comunicado de urgencia para convocar el respaldo de organizaciones sindicales, colectivos sociales y defensores de los derechos humanos en las instalaciones de la ciudad universitaria.
En el pronunciamiento se denunció que, pese al despliegue de un importante contingente de la Policía Nacional del Perú (PNP) en los exteriores de la universidad, los efectivos policiales mantuvieron una postura pasiva, omitiendo intervenir para neutralizar los ataques de los civiles o proceder con su debida identificación en la puerta 5.
Diversos registros audiovisuales difundidos en medios y redes sociales corroboraron la presencia en paralelo de las fuerzas policiales y de los presuntos grupos de choque sin identificación.
Denuncias de presunto soborno y exigencia de garantías al Ejecutivo
La representación estudiantil reveló además que los promotores de la actividad religiosa intentaron quebrantar la paralización mediante la oferta de una cuantiosa suma de dinero, propuesta que fue rechazada de forma unánime por el movimiento.
Ante la falta de canales de diálogo con los organizadores del evento y con la rectoría, la FUSM extendió un requerimiento directo al presidente de la República, José María Balcázar, instándolo a honrar los acuerdos asumidos en Palacio de Gobierno respecto al cumplimiento irrestricto de la autonomía universitaria y la inviolabilidad del campus.
Finalmente, la federación responsabilizó de manera solidaria al Poder Ejecutivo, al Congreso de la República, al Consejo Universitario y a la rectora Jeri Ramón por cualquier afectación o atentado contra la integridad de los estudiantes, ratificando que la toma del campus se mantendrá de forma indefinida frente al actual escenario de incertidumbre legal y amedrentamiento.
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