Por Fernando Rospigliosi
Artículo de opinión
El juez Jorge Chávez Tamariz, del 7º Juzgado de Investigación Preparatoria, sostiene en una resolución, que los policías y militares peruanos que derrotaron al terrorismo en las décadas de 1980 y 1990, son iguales a los nazis que perpetraron el más horrendo genocidio de la historia, asesinando a seis millones de judíos por el hecho de ser judíos. (“Chávez Tamariz: FFAA y PNP son como nazis”, Expreso, 18/3/26).
Ese canalla utiliza esa comparación para intentar justificar su desacato a ley 32107, de lesa humanidad, ratificada por el Tribunal Constitucional.
A lo largo de su necia resolución, menciona muchas veces al Tribunal de Nuremberg, que juzgó a los nazis luego de la Segunda Guerra Mundial y, más precisamente, a los Einsatzgruppen de las SS alemanas (p. 16 de la resolución). Esos eran destacamentos que iban detrás de las tropas y asesinaban a civiles. Se estima que asesinaron a un millón cuatrocientos mil judíos, gitanos, etc.
Según Chávez Tamariz, los policías y militares peruanos que derrotaron al terrorismo, son parecidos o iguales a las SS nazis y deben merecer similares o peores penas. Así, los terroristas aparecen como inocentes víctimas civiles y las fuerzas del orden como malvados nazis.
El caso al que ese ruin magistrado se refiere, es el de policías antiterroristas de Llapan Atic, de la antigua Guardia Republicana, que estuvieron en abril de 1983 en una base contrasubversiva en el distrito de Andarapa, Andahuaylas.
Después de 43 años, sostiene que varios de esos policías son culpables de asesinato “a pesar de las dificultades para identificar plenamente a los responsables”. (p. 8).
Y se niega a aplicar la ley 32107, aunque el Código Procesal Constitucional dice claramente: “Los jueces no pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad haya sido confirmada en un proceso de inconstitucionalidad”, que es el caso de la ley 32107.
Lo que sucede en realidad, es que existe un entramado de ONG que reciben fondos del extranjero con la exclusiva finalidad de acusar a militares y policías; jueces y fiscales vinculados a esas ONG, que los adoctrinan y les consiguen becas, diplomas, viajes al extranjero, etc.; y personas que son convencidas por esas ONG y esos magistrados prevaricadores para denunciar, con el incentivo de jugosas indemnizaciones.
Porque una de las cosas que hacen, es incluir al Estado como tercero civilmente responsable.
El caso de ese miserable juez, que compara a los policías y militares que derrotaron al terrorismo y salvaron al Perú de caer en las garras de una feroz dictadura, con los genocidas nazis de la SS, no es único. Por el contrario, son muchos en el sistema judicial.
Por eso no solo se requiere una reforma judicial. Hay que BARRER el sistema judicial, como hizo Nayib Bukele en El Salvador. De lo contrario, no podremos derrotar a la delincuencia, que es una amenaza parecida a la del terrorismo en décadas pasadas.
¡Se requieren soluciones radicales!
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