Sandra Salinas Gervassi
Candidata al Senado con el #1 PEX
Por el partido Primero la Gente
Artículo de opinión
La promulgación de la Ley N.º 30364 en 2015 marcó un punto de quiebre en el abordaje de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar en el Perú. Se trató de una norma ambiciosa que buscaba no solo sancionar, sino también prevenir y erradicar la violencia. Sin embargo, más de una década después, la pregunta es inevitable: ¿realmente ha cambiado la realidad o solo hemos avanzado en el papel?
Las cifras muestran un panorama complejo. Desde la implementación de la ley, las denuncias por violencia familiar han aumentado de manera sostenida. Solo en los últimos años se han registrado más de 150,000 denuncias anuales, según reportes oficiales. Asimismo, los casos de feminicidio se han mantenido en niveles preocupantes, con más de 130 casos por año en promedio. Esto podría interpretarse de dos formas: por un lado, una mayor confianza en el sistema para denunciar; por otro, una persistencia alarmante de la violencia estructural.
En términos de avances, la ley sí ha generado cambios importantes. Se han fortalecido los mecanismos de protección, se han ampliado los servicios de atención y se ha logrado visibilizar una problemática históricamente invisibilizada. Hoy existe mayor conciencia social, más herramientas legales y un discurso público que rechaza la violencia con mayor claridad que hace una década.
No obstante, estos avances conviven con serias limitaciones. Muchas víctimas siguen enfrentando barreras para acceder a justicia efectiva. Las medidas de protección, en numerosos casos, no se cumplen o llegan demasiado tarde. La sobrecarga del sistema judicial, la falta de personal capacitado y la débil articulación entre instituciones reducen el impacto real de la norma. A ello se suma la persistencia de patrones culturales que normalizan la violencia y dificultan su erradicación.
Los desafíos son claros y urgentes. Primero, garantizar que la ley se implemente de manera efectiva en todo el territorio, especialmente en zonas rurales donde el acceso a servicios es limitado. Segundo, fortalecer el seguimiento y cumplimiento de las medidas de protección para evitar que las denuncias terminen en tragedias. Tercero, invertir de manera sostenida en prevención, especialmente a través de la educación, para atacar las raíces culturales del problema.
Además, es necesario introducir cambios concretos. Se requiere una mayor asignación presupuestal, una reforma en la atención judicial para evitar la revictimización y el uso de tecnología para monitorear casos de riesgo. También es clave trabajar con hombres y comunidades, no solo con víctimas, para generar transformaciones reales en las relaciones sociales.
En conclusión, la Ley 30364 ha sido un avance necesario, pero insuficiente. Ha permitido que más mujeres denuncien y que el problema sea visible, pero no ha logrado reducir de manera significativa la violencia. El reto ya no es crear más normas, sino hacer que las existentes funcionen. Porque mientras las cifras no bajen, cualquier avance seguirá siendo, en el fondo, incompleto.
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