El sector transporte en Lima atraviesa una crisis de seguridad tras el asesinato de Misael Romero Muñoz, conductor de la ruta B, quien fue acribillado en la cuadra 13 de la avenida Morales Duárez mientras viajaba con su esposa, su bebé y su hija de 12 años.
El ataque, ejecutado por dos sujetos en motocicleta, consistió en seis disparos que acabaron con la vida del transportista frente a su familia y pasajeros. Este crimen deja a tres menores en la orfandad y ha provocado la suspensión del servicio de la línea como medida de protesta ante la inacción policial y las amenazas directas de la organización criminal ‘La Federación’, que exige el control de la ruta bajo advertencia de nuevos atentados.
La unidad fue interceptada cuando redujo la velocidad ante un rompemuelle. Según los informes, Romero Muñoz, en un acto de último aliento, intentó proteger a su hija adolescente, que viajaba en el asiento del copiloto, para evitar que los proyectiles la alcanzaran.
Tras el ataque, los pasajeros demostraron una rápida reacción al tomar el volante del vehículo para evitar un accidente mayor, logrando detener la unidad cincuenta metros más adelante. Los familiares han denunciado una grave negligencia por parte de la comisaría Conde de la Vega, señalando que la falta de auxilio inmediato impidió que el conductor fuera trasladado a tiempo a un centro médico.
Este homicidio marca el segundo ataque mortal contra un chofer de la misma empresa en menos de una semana, tras un incidente similar ocurrido el sábado anterior. Los transportistas han revelado la existencia de cartas amenazantes donde la banda criminal exige el pago de cupos, evidenciando un patrón de violencia sistemática contra el gremio.
Los trabajadores denuncian sentirse en total estado de abandono por parte del Estado, señalando la ausencia de patrullaje en zonas críticas y la falta de soporte para las familias y menores que quedan desamparados tras estos crímenes vinculados a la extorsión.
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