El expresidente Rafael Correa calificó como un acto de persecución política los operativos realizados por la Fiscalía General del Estado contra líderes de la Revolución Ciudadana, en el marco de una investigación por presunto lavado de activos.
La intervención judicial, ejecutada este 28 de enero de 2026 en Pichincha y Guayas, busca determinar si existió un ingreso de fondos ilícitos provenientes de Venezuela para financiar la campaña presidencial del correísmo en 2023. Entre los domicilios allanados se encuentran los de la ex-candidata Luisa González, el exaspirante a la vicepresidencia Andrés Arauz y el asambleísta Patricio Chávez.
Alcance de los operativos y figuras implicadas
La Fiscalía fundamenta estas acciones en una denuncia con reserva de identidad presentada en noviembre de 2025. Los procedimientos alcanzaron no solo a las figuras principales de la fórmula presidencial de 2023, sino también a ex-funcionarios como la ex-superintendenta de Compañías, Suad Manssur. Según el Ministerio Público, el objetivo es recabar indicios sobre una supuesta estructura de financiamiento irregular que habría operado durante los últimos comicios.
Por su parte, Correa utilizó sus redes sociales para denunciar que el proceso carece de transparencia, señalando que la defensa no ha tenido acceso a los detalles de la acusación. El ex-mandatario comparó la situación con regímenes dictatoriales y sostuvo que estas diligencias son una fabricación ante el fracaso de acusaciones previas que intentaban vincular a su movimiento con organizaciones criminales internacionales.
Antecedentes y nexos investigados
La actual línea de investigación guarda relación con advertencias realizadas a inicios de enero de 2026 por la bancada oficialista ADN. En ese momento, legisladores del gobierno aseguraron poseer informes de inteligencia que señalarían presuntos vínculos entre la Revolución Ciudadana y el denominado Cartel de los Soles, tras la captura de Nicolás Maduro por parte de autoridades estadounidenses.
De acuerdo con las tesis que maneja el oficialismo y que ahora forman parte del escrutinio judicial, dichos nexos habrían facilitado el ingreso de recursos económicos no declarados a la estructura electoral de Luisa González. Esta situación profundiza el conflicto institucional en Ecuador, mientras la justicia avanza en la verificación de los flujos de capital señalados en los informes de inteligencia.
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