El ministro de Justicia, Walter Martínez Laura, lideró una requisa sorpresiva en el penal de Lurigancho que resultó en el decomiso de artículos electrónicos, mobiliario prohibido y agendas con contactos telefónicos en el pabellón 4.
Esta intervención, enmarcada en la estrategia de seguridad del gobierno de José Jerí, busca recuperar el principio de autoridad en un recinto que alberga a más de 10.000 internos y desarticular las redes de criminalidad organizada que operan desde el interior.
Las autoridades destacaron que estas acciones incluyen el traslado de cabecillas a prisiones de máxima seguridad para evitar que las cárceles funcionen como centros de instrucción delictiva.
Hallazgos en el pabellón 4
La incursión nocturna, que movilizó a 300 agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) y unidades caninas, permitió desmantelar comodidades no permitidas y herramientas de comunicación ilegal. Entre lo incautado figuran televisores, equipos de sonido, ventiladores, mesas de billar y una imagen de la Santa Muerte.
El hallazgo más crítico fue un teléfono celular y libretas con números telefónicos, elementos que presuntamente facilitaban actividades delictivas externas desde el reclusorio.
Martínez Laura enfatizó que la supervisión constante es vital para combatir la inseguridad ciudadana y debilitar el poder del crimen organizado dentro del sistema. La política actual del sector Justicia prioriza la segregación de internos, enviando a líderes criminales a penales de régimen cerrado como Challapalca, Cochamarca y Ancón I.
Según el titular del sector, el objetivo central es transformar el sistema para que los establecimientos penitenciarios dejen de ser espacios donde se perfecciona la actividad criminal.
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