Dra. María del Pilar Tello
María del Pilar Tello-Artículo de Opinión
América Latina atraviesa uno de los momentos más inciertos de las últimas décadas. La nueva etapa de la política exterior de Estados Unidos, explicitada en su Estrategia de Seguridad Nacional presentada a fines de 2025, coloca a la región como un espacio prioritario para la disputa geopolítica global, especialmente en el marco de la competencia estratégica con China. Sin embargo, a diferencia de otros períodos, esta orientación se caracteriza por una alta dosis de imprevisibilidad y amenaza, marcada por el uso abierto de la fuerza como instrumento de política exterior, que desplaza al derecho internacional.
La situación de Venezuela es el principal punto de tensión regional. La captura de Nicolás Maduro y la imposición de un control externo sobre sectores clave del país, el desconocimiento del proceso electoral que dio como ganador a Edmundo González, ha encendido las alarmas en toda América Latina. Más allá de simpatías o rechazos ideológicos, el mensaje es claro: el derecho internacional y los principios democráticos están siendo desplazados por la lógica del poder duro.
Es un escenario inquietante por la conducta ambiciosa e imprevisible del presidente Donald Trump, cuyas recientes declaraciones y acciones —incluidas amenazas a países aliados y aspiraciones territoriales fuera del continente— refuerzan la sensación de que no existe un marco estable ni racional de previsibilidad. La política internacional es un terreno frágil, donde las reglas cambian de un día para otro al arbitrio del poder.
Para Perú, el desafío es particularmente complejo. El país es un actor estratégico por su creciente vínculo económico con China y por la puesta en marcha del megapuerto de Chancay, infraestructura clave para el comercio transpacífico. En este contexto, la neutralidad activa y la prudencia estratégica son indispensables. El manejo de esta coyuntura debe recaer en una política exterior profesional, y en ese sentido la Cancillería peruana —una de las más sólidas de la región— tiene un rol central en la defensa de los intereses nacionales, más allá del gobierno transitorio en que nos encontramos.
Pero ninguna estrategia nacional será suficiente si se actúa en soledad. La integración latinoamericana, reconocida como objetivo prioritario en la Constitución peruana de 1993, adquiere hoy relevancia definitiva. Frente a un mundo donde la fuerza se impone sobre el derecho, la cooperación regional deja de ser un ideal para convertirse en una condición de supervivencia política. Torre Tagle tiene la palabra y su primer puente efectivo debe ser con los BRICS, hoy en inteligente posición no alineada frente a la bipolaridad global, bajo la presidencia de Brasil.
América Latina y el Perú deben responder con diplomacia, integración y soberanía. No desde la confrontación, desde la inteligencia colectiva. Esa es la única vía realista.
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