Imagen fuente: El Mundo
El Gran Bazar de Teherán se convirtió este martes en el epicentro de violentos choques entre civiles y cuerpos de seguridad, marcando la primera vez que el núcleo económico del país se suma activamente a la ola de protestas iniciada a finales de diciembre.
El conflicto, motivado inicialmente por la inestabilidad económica y el alza del costo de vida, ha derivado en una crisis política que ya registra al menos 27 fallecidos, incluidos cinco menores de edad, y más de un millar de detenciones a nivel nacional, según reportes de organizaciones internacionales de derechos humanos.
Represión y consignas en el centro comercial
Las fuerzas de seguridad emplearon gases lacrimógenos para dispersar a la multitud que se congregó en el Gran Bazar bajo consignas de «libertad». Según registros audiovisuales validados por medios internacionales, los manifestantes lanzaron proclamas directas contra el Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei, y corearon lemas en favor de la dinastía Pahlavi, derrocada hace más de cuatro décadas.
Debido a la inseguridad y como medida de protesta por la devaluación de la moneda, sectores estratégicos como el mercado del oro suspendieron sus actividades desde el mediodía.
El despliegue policial ha sido especialmente severo en el oeste de Irán, donde se concentra gran parte de la resistencia. Organizaciones de derechos humanos denunciaron que las fuerzas del orden abrieron fuego contra manifestantes, causando víctimas mortales en condados como Laekshani, e incluso habrían incursionado en centros hospitalarios para detener a pacientes heridos durante los disturbios.
Por su parte, agencias de noticias locales confirmaron que la violencia también ha cobrado la vida de efectivos policiales en medio de la creciente hostilidad.
Un sistema bajo presión externa e interna
Esta ola de protestas se posiciona como el desafío más crítico para la República Islámica desde los movimientos sociales de 2022. La crisis actual estalla en un momento de vulnerabilidad estratégica, tras el reciente conflicto bélico con Israel y el restablecimiento de sanciones internacionales por parte de la ONU vinculadas al programa nuclear.
Aunque el gobierno anunció un subsidio económico temporal para aliviar la presión social, el Poder Judicial ha sido enfático al advertir que no habrá indulgencia contra quienes participen en los disturbios, manteniendo una postura de mano dura mientras las movilizaciones se extienden ya por más de 45 ciudades.
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