Buscan que empresa propietaria responda económicamente por el incidente.
La Segunda Fiscalía Penal Provincial de Flagrancia de Lima Centro solicitó comparecencia con restricciones y el pago de una caución de S/20 000 contra Benjamín Rojas (31), investigado por el presunto delito de homicidio culposo tras el atropello mortal de un menor de dos años en Gamarra.
El trágico suceso, ocurrido el pasado 31 de diciembre de 2025, ha llevado al Ministerio Público a disponer el embargo preventivo del camión blindado involucrado y a pedir la inclusión de la empresa propietaria como tercero civil responsable. Esta medida busca asegurar el pago de una reparación civil para los familiares de la víctima y garantizar que la compañía asuma la responsabilidad solidaria por los daños ocasionados.
Las investigaciones preliminares han identificado una concurrencia de factores en el accidente ocurrido en el jirón San Cristóbal. El informe técnico señala como factor determinante la irrupción imprudente del menor en la vía tras salir detrás de un auto estacionado; sin embargo, también atribuye una responsabilidad contributiva al conductor.
Según la fiscalía, Rojas no adoptó las medidas de precaución necesarias para eliminar los riesgos en un entorno de alta densidad peatonal, considerando las dimensiones y la naturaleza del vehículo de caudales que manejaba.
Para esclarecer los hechos, el Ministerio Público ha ordenado la toma de declaraciones del copiloto y otros ocupantes de la unidad, además de la revisión del reporte GPS y las grabaciones de las cámaras internas y externas del blindado.
Las restricciones solicitadas para el procesado incluyen la prohibición de ausentarse de su lugar de residencia y la obligación de presentarse ante el juzgado cada 30 días. Con estas acciones, las autoridades buscan evitar el riesgo de fuga y prevenir futuros incidentes similares mediante un control estricto sobre el investigado y la empresa implicada.
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