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Luego de que Estados Unidos bombardeara diversas zonas del país, incluida la capital Caracas, y anunciara la captura de Nicolás Maduro, el Gobierno venezolano solicitó una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
La petición fue formalizada mediante una carta dirigida al presidente del Consejo de Seguridad, el embajador de Somalia Abukar Dahir Osman. El documento, que también fue entregado al secretario general de la ONU António Guterres, solicita discutir los “actos de agresión” perpetrados por Washington.
“Durante la madrugada del día 3 de enero de 2026, fuerzas militares estadounidenses ejecutaron un conjunto de ataques armados brutales, injustificados y unilaterales que consistieron en el bombardeo de localidades civiles y militares de la ciudad de Caracas […] y de otras ciudades en los estados de Miranda, Aragua y La Guaira. Adicionalmente, tropas especiales estadounidenses están ejecutando ataques en diversos puntos del territorio nacional con helicópteros y aviones”, señala el comunicado oficial.
El texto subraya que esta ofensiva militar “viola flagrantemente” la Carta de las Naciones Unidas, que establece que los miembros de la organización deben abstenerse “de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado”.
La Cancillería venezolana indicó en su misiva que “se reserva el derecho inherente a la legítima defensa, en virtud del artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas, a fin de proteger su población, su soberanía e integridad territorial”.
Además, el gobierno de Caracas solicitó formalmente “convocar de manera urgente una reunión de emergencia en la que se discutan los actos de agresión perpetrados por los Estados Unidos de América contra la República Bolivariana de Venezuela”.
El documento también pidió “condenar la agresión de los Estados Unidos de América contra el pueblo y gobierno” venezolanos, así como el cese inmediato de los ataques armados.
Asimismo, Venezuela exigió “establecer las medidas pertinentes para que el gobierno de los Estados Unidos de América responda por los crímenes de agresión cometidos contra” el país sudamericano.
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