Foto: Caretas
Por Sergio Bolívar- Artículo de Opinión
Petroperú no pasa por simples obstáculos ni una mala racha por al ciclo internacional. Se enfrenta a una crisis estructural que el Estado ha decido por manejar, otra vez, a través de un decreto de urgencia. El DU 010-2025 no surge de la fortaleza, sino de la urgencia por la incapacidad de la empresa estatal para operar sin auxilio fiscal permanente. El responsable actual no es una persona, sino una decisión política concreta: comprar tiempo para resolver un problema que se arrastra desde hace años. Admitirlo es clave para comenzar a buscar soluciones efectivas.
Petroperú cerró 2024 con pérdidas cercanas a los US$774 millones, una liquidez crítica, deudas millonarias con proveedores y activos estratégicos severamente deteriorados, como la Refinería de Talara. Entre 2022 y 2024, el Estado comprometió casi S/18 mil millones para sostenerla. Ese esfuerzo fiscal no corrigió la raíz del problema, que sigue siendo la mala gobernanza, costos desbordados, beneficios laborales desconectados de la realidad financiera y destrucción de valor. Las calificaciones crediticias en grado especulativo no responden a ideología, ni a la política, pero sí a números. A pesar de ello, cada intento de corrección vuelve a chocar con el mismo muro: resistencias internas y externas que convierten cualquier reforma que pretenda hacerse en amenaza y cualquier cambio en conflicto.
Ante este panorama, se presenta el DU 010-2025, buscando reorganizar el patrimonio de Petroperú, dividir sus activos en bloques y facilitar la participación privada bajo la supervisión de ProInversión. El Gobierno aclara que su objetivo no es privatizar, sino asegurar el suministro de combustibles y prevenir el colapso operativo. Sin embargo, este decreto, por sí solo, no atiende el problema central de evitar que Petroperú siga siendo un agujero fiscal crónico cuando el tiempo se agote.
En las últimas semanas, especialistas con experiencia directa en Petroperú y en el sector energético han coincidido en que la reorganización planteada es, al menos, una salida razonable frente a una empresa que ya no puede sostenerse con rescates sucesivos. Desde el Ejecutivo, el premier Ernesto Álvarez y la ministra de Economía, Denisse Miralles, han insistido en que esta decisión es empresarial y no ideológica. Ordenar la estructura interna, reducir costos excesivos, cambiar la gobernanza y permitir participación privada sin perder el control estatal. A esa posición se suman exdirectivos como David Tuesta u Oliver Stark, quienes advierten que el DU busca romper resistencias históricas y dejar encaminado un proceso que no pueda ser fácilmente revertido por el próximo gobierno. Esto refleja un consenso técnico más que una unanimidad, entre quienes conocen la empresa desde dentro y fuera del Estado.
El dilema no es empresa pública versus privatización, como se lo pretenden etiquetar algunos medios. Es disciplina financiera frente a rescate permanente. Es gobernanza corporativa con métricas obligatorias frente a un sistema que vive de postergar decisiones y socializar pérdidas. De un lado, un Ejecutivo que afirma estar ordenando la empresa y, del otro, actores políticos, sindicales y burocráticos que han aprendido que resistir siempre termina en un nuevo salvataje pagado por los contribuyentes. En el medio, el país, con menor credibilidad fiscal, mayor incertidumbre y una cadena de pagos afectada.
La discusión debería enfocarse no solo en el contenido del decreto, sino en cómo se gestiona y comunica esta reestructuración. Si el proceso no incorpora métricas públicas verificables, como reducción de costos, mejora de liquidez, cronograma de tratamiento de activos, reglas claras para la participación privada, el discurso de “reorganización” quedará vacío. Una rendición de cuentas concreta es riesgo latente para que el DU 010-2025 se convierta en solo un episodio más en un largo historial de intervenciones estatales.
Gestionar una empresa pública en crisis significa tomar decisiones basadas en datos, medir resultados y rendir cuentas. Hoy, tanto el MEF como ProInversión cargan con la responsabilidad de proponer en 60 días una ruta de las soluciones, aunque el desafío va más allá de los nombres, requiere equipos con experiencia real en reestructuraciones complejas y enfrentar intereses enquistados.
Toda empresa estatal sin disciplina financiera, gobernanza técnica y rendición de cuentas termina atrapando al Estado en rescates repetidos. No es un problema ideológico, es uno de incentivos, competencia y responsabilidad hacia las futuras generaciones. Postergar soluciones sale carísimo, comprar tiempo no equivale a reformar y evitar decisiones difíciles siempre pasan una fuerte factura.
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