Alrededor de ocho mil de personas deudoras alimentarias morosas, aquellas que incumplen el mandato judicial de pasar una pensión a sus hijos o hijas, fueron incorporadas en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam) del Poder Judicial hasta diciembre.
De este número, solo sesenta personas morosas fueron excluidas del registro luego de que decidieran cumplir con la pensión alimentaria establecida por los jueces y juezas en las respectivas sentencias.
La cifra total de personas inscritas en el Redam, durante el 2025, es mayor al número de las y los registrados en el año 2024, periodo en que se contabilizaron 7 mil 495 personas morosas.
En los últimos cinco años, la lista muestra un incremento sostenido de la cifra: en el 2021, las personas inscritas sumaron 421, en el 2022 alcanzaron 994 y en el 2023 la cifra fue de 3mil 115.
Durante el 2025, la Corte Superior de Arequipa es la que más inscritos presenta, con 1 mil 530; tras Lambayeque con 941, Tumbes con 831, Huánuco con 789, Amazonas con 657 y Huaura con 649.
Después siguen Junín y Piura con 330 cada una, Apurímac con 219, Tacna con 210, Huancavelica con 203, Lima con 187, Madre de Dios con 170, Callao con 138, Ancash 110 y Ayacucho 102.
Por el contrario, las cortes que menos registros morosos tienen son las de Ica 13, Del Santa 11, Ucayali 9, Cajamarca 7, mientras que San Martín y Sullana cinco cada una.
El Redam tiene por finalidad el registrar a aquellas personas que adeuden tres cuotas sucesivas o alternadas, de sus obligaciones alimentarias establecidas por mandato judicial.
Su objetivo es proteger los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores o con discapacidad, y promueve el cumplimiento de una obligación alimentaria reconocida judicialmente.
Asimismo, la información contenida en este registro es proporcionada cada mes a la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones, a efectos de que se registre la deuda alimentaria en la Central de Riesgos de dicha institución y en otras de naturaleza privada.
De esa manera, toda entidad podrá identificarlos, por lo que, para acceder a un puesto de trabajo en dichas entidades, la persona deudora morosa deberá previamente cancelar la deuda pendiente o autorizar el descuento por planilla u otro medio de pago del monto de la pensión mensual fijada en el proceso de alimentos.
La inscripción en el Redam genera, además, consecuencias legales para estas personas morosas como no poder participar como candidato o candidata en procesos de elección popular
Asimismo, están imposibilitadas de ser contratadas para trabajar ni ser proveedoras del Estado, acceder a créditos y posibilita medidas como el embargo de bienes o retención de ingresos.
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