El Gobierno, con impulso del Congreso, promulgó una ley especial para enfrentar la extorsión que afecta específicamente a las empresas de transporte urbano, un sector que ha sido gravemente afectado por este delito. La norma, publicada en el Diario Oficial El Peruano, establece una serie de medidas que involucran la capacitación de trabajadores y una vigilancia estricta sobre los flujos financieros ilícitos.
Capacitaciones obligatorias y cultura de denuncia
Como medida central, la ley establece la capacitación obligatoria para gerentes, propietarios, conductores y cobradores de empresas de transporte.
El objetivo es dotar a estos trabajadores de herramientas para identificar y reportar actos extorsivos, fomentando una cultura de denuncia segura. La norma indica que se implementarán indicadores para medir tanto el número de capacitaciones realizadas como las denuncias registradas, permitiendo así evaluar la eficacia de la estrategia implementada.
Vigilancia de pagos y monitoreo de billeteras digitales
La ley crea mecanismos para la prevención financiera y el control de los flujos económicos relacionados con la extorsión.
La Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensión (SBS) debe verificar que las empresas bajo su supervisión monitoreen pagos en efectivo realizados bajo conceptos eufemísticos como “cupos”, “vacuna”, “colaboración” o “seguridad”. El control se extiende a cuentas bancarias, transferencias, remesas y, especialmente, a los movimientos en billeteras digitales y otros medios electrónicos.
Para facilitar la detección, la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú (UIF-Perú) emitirá alertas sobre operaciones inusuales o sospechosas, mientras que la Policía Nacional ofrecerá acceso en línea a su base de datos sobre personas denunciadas por extorsión y sicariato.
Adicionalmente, se refuerza la vigilancia con la disposición para la extinción de dominio de bienes, fondos e instrumentos financieros usados en actos de extorsión o sicariato. Esta medida autoriza al Estado a incautar y gestionar los recursos ilícitos detectados, con el fin de proteger a las víctimas y fortalecer el sistema de lucha contra estos delitos.
La creación del GIES: Una fuerza especializada
La ley dispone la creación del Grupo Interinstitucional contra la Extorsión y el Sicariato (GIES), una fuerza especial de alcance nacional integrada por personal de la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Los miembros del GIES serán seleccionados por su experiencia y contarán con un régimen especial de remuneración y seguridad. La coordinación de este grupo estará a cargo del Ministerio del Interior. Entre sus funciones figuran las investigaciones conjuntas, la coordinación para desarticular organizaciones criminales y la colaboración con la UIF y la SUNAT para rastrear flujos de dinero ilícito.
El GIES también implementará programas de cooperación y capacitación con agencias internacionales, y tendrá facultades de intervención inmediata.
Medidas complementarias y fondo de protección
El nuevo marco legal reconoce al transporte público y de mercancías como un servicio estratégico y establece acciones de prevención y recuperación.
La norma crea oficialmente un fondo de riesgo y garantía estatal para proteger las unidades de transporte afectadas por amenazas o atentados. Este fondo, junto con programas de atención psicológica y reparación de infraestructura, será financiado con los activos que sean incautados del crimen organizado y la extorsión.
Finalmente, el Observatorio Nacional de Extorsión y Violencia Económica será el responsable de recopilar y analizar información sobre la criminalidad en el sector transporte, publicando informes semestrales para el diseño de políticas públicas.
Acerca del autor
