La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso otorgó un plazo de cinco días a la congresista Patricia Chirinos para que presente el informe final de la denuncia constitucional 498. Esta acusación apunta contra el expresidente Pedro Castillo Terrones y el exministro de Energía y Minas, Eduardo González Toro, por la designación de Daniel Salaverry Villa como presidente del directorio de Petroperú.
La decisión fue tomada tras concluir la audiencia donde se evaluó la denuncia, formulada por el exfiscal de la nación (i), Juan Carlos Villena Campana, por la presunta comisión de los delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, y nombramiento ilegal, tipificados en el Código Penal.
Versión del ex-ministro González Toro
Durante la sesión, el exministro González Toro ofreció su descargo, señalando que Daniel Salaverry Villa fue designado porque se necesitaba “un hombre de carácter, que sepa negociar”. Aseguró, además, que Salaverry nunca llegó a asumir el cargo, dado que la junta de accionistas de la empresa nunca se reunió para aprobar su nombramiento.
“Nunca hubo mala intención” en el nombramiento de Salaverry Villa, puntualizó el extitular de Energía y Minas ante la comisión que preside la congresista Lady Camones.
Declaradas improcedentes otras denuncias
En la misma sesión, la Subcomisión declaró improcedentes varios informes de calificación de otras denuncias constitucionales:
- Denuncia 427: Formulación de la congresista Sigrid Bazán Narro (BDP) contra Patricia Chirinos Venegas (RP) por la presunta infracción constitucional y el presunto delito de tráfico de influencias.
- Denuncia 535: Presentada por la exfiscal de la nación Delia Espinoza contra los congresistas Roberto Kamiche Morante, Jorge Flores Ancachi (APP) y Luis Aragón Carreño (AP), por la posible comisión de los delitos de patrocinio ilegal, tráfico de influencias y cohecho pasivo impropio.
- Denuncia 578: Formulada por varios congresistas contra los jueces supremos José Antonio Neyra Flores, Iván Salomón Guerrero López y Norma Beatriz Carbajal Chávez, por la presunta infracción constitucional.
- Denuncia 590: Presentada por la exfiscal de la nación Delia Espinoza contra el exministro de Educación, Morgan Quero Gaime, por el posible delito de discriminación, tras sus declaraciones a la prensa sobre los derechos humanos.
- Denuncia 638: Contra el renunciante alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, por la posible comisión del delito de tráfico de influencias.
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