El promedio nacional de homicidios alcanza los 6.4 diarios en 2025; sin embargo, departamentos golpeados por el crimen, como La Libertad y Piura, invierten solo 80 soles per cápita en seguridad al año.
La muerte de un conductor de bus este fin de semana ha desatado un paro general en el transporte público de Lima, paralizando rutas clave y afectando a miles de empresas. Gremios empresariales y compañías han reclamado acciones inmediatas al Gobierno contra la ola de extorsión impuesta por mafias.
Según la Cámara de Comercio de Lima (CCL), más de 2 millones de empresas peruanas enfrentan en 2025 un entorno asfixiado por la criminalidad organizada. La extorsión y el sicariato han dejado de ser hechos aislados, convirtiéndose en la mayor amenaza contra la inversión privada, el empleo formal y la recaudación tributaria, especialmente en sectores estratégicos como transporte, comercio y construcción.
El preocupante salto de gran escala en las denuncias por extorsión
Los datos recopilados por el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) de la CCL dimensionan el impacto delictivo. Los casos de extorsión aumentaron un 478% entre 2019 y 2024, pasando de 3.872 a 22.400 denuncias en ese periodo. La proyección para 2025 es aún más preocupante: en solo nueve meses, el total de denuncias ya alcanza el 82% del monto registrado en todo 2024. Este crecimiento obliga a sectores como el transporte y la construcción a un estado de emergencia permanente, elevando drásticamente los gastos en seguridad privada y seguros.
Impacto concentrado y de bajo presupuesto Per Cápita
La distribución de la extorsión es altamente concentrada. Lima (8.670 denuncias) lidera el ranking nacional, seguida por La Libertad (3.097), Piura (2.054), Lambayeque (715) y Callao (633). Estas cinco regiones concentran el 78.4% del total de denuncias, afectando gravemente al tejido empresarial de la costa. Las consecuencias económicas son palpables: las empresas postergan inversiones, modifican rutas logísticas y trasladan los sobrecostos a sus productos, mermando su competitividad.
A esta crisis se suma una distribución presupuestal desigual que limita la capacidad de respuesta estatal. Mientras Lima dispone de S/ 385 al año por habitante en seguridad pública, en regiones con alta incidencia de extorsiones como La Libertad y Piura, esa cifra apenas alcanza S/ 82 y S/ 85, respectivamente. Esta disparidad es crítica, ya que estas regiones concentran la mayoría de extorsiones y un alto porcentaje de homicidios fuera de la capital.
La violencia afecta la economía y la formalización
El deterioro de la seguridad pública impacta directamente en el costo operativo. El sector transporte, eje del paro actual, ha registrado el asesinato de 46 conductores solo en Lima y Callao durante el último año. En términos generales, la estadística de homicidios profundiza el panorama: en lo que va del año, se anotan 1.684 asesinatos, con un promedio diario de 6.4.
El incremento de la violencia no solo debilita la confianza en el entorno de negocios, sino que también frena la formalización empresarial y limita la recuperación económica del país, desafiando al Gobierno a rediseñar su estrategia y asignación de recursos.
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