Durante el Foro Perú Energía Sur 2025, expertos y líderes del sector energético abordaron los principales desafíos que enfrenta el acceso seguro y equitativo a los combustibles en el país. La discusión se centró en el alarmante crecimiento de las actividades ilegales en mercado de hidrocarburos y su impacto en la seguridad, la economía y el medio ambiente.
El evento reveló cifras preocupantes: antes de la pandemia, se estimaba que este flagelo representaba el 40 % del mercado, y sin duda, esta cifra ha aumentado. Actualmente, existen más de 3.5 millones de cilindros adulterados en circulación, lo que evidenciaría un crecimiento del 50 % en los últimos años. En este contexto la vocera de la SPGL comento que se vienen realizando los estudios para dimensionar cuanto representa hoy este problema público a fin de coordinar con las autoridades acciones para combatirlos y erradicarlos.
Esta situación no solo representa una amenaza para la seguridad de los consumidores por la proliferación de actividades sin permiso para operar; sino que también genera millonarias pérdidas fiscales por la evasión tributaria de estos agentes ilegales, y fomenta la competencia desleal con las empresas formales que cumplen todas las condiciones técnicas, de seguridad y ambientales exigidas por las autoridades.
«No podemos seguir tolerando un mercado donde la ilegalidad crece sin control. Es urgente fortalecer la fiscalización, aplicar sanciones efectivas y garantizar que el comercio de combustibles se realice en condiciones seguras para todos», enfatizó Ingrid Carpio Núñez, presidenta del Comité Técnico Legal de la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL).
En este sentido, Jovan Pastor, presidente de la SPGL, destacó que el acceso a energía segura y sostenible no debe considerarse un lujo, sino un derecho fundamental.
«Debemos asegurar que más peruanos puedan contar con combustibles eficientes como el GLP y el gas natural, cerrando así la brecha de pobreza energética», afirmó Pastor, quien subrayó la necesidad de reducir la dependencia de fuentes contaminantes que afectan la salud de las familias, y dañan el medioambiente por sus emisiones contaminantes y la deforestación.
De acuerdo con los estudios realizados por la Universidad ESAN, el 25% de los hogares peruanos no cuenta con los recursos económicos para acceder a una energía moderna para cocinar. Además, se estima que el 45.7% de la población sigue utilizando, alternadamente, combustibles sólidos para cocinar.
Pastor enfatizó la importancia de impulsar políticas públicas que garanticen el acceso a fuentes de energía limpias, como el GLP y el gas natural, para evitar que más peruanos sigan atrapados en este ciclo de pobreza. En ese sentido, hizo un llamado a las autoridades que manejan el Fondo de Inclusión Social-FISE a fortalecer y ampliar el Programa Vale FISE a fin de beneficiar a más peruanos para que puedan adquirir sus balones de GLP con descuento.
Como soluciones para combatir las actividades ilegales en el sector de GLP, se propuso mejorar la trazabilidad del combustible mediante tecnología blockchain, reforzar los controles en las fronteras y simplificar los procesos de formalización para los pequeños distribuidores, con el fin de hacer más accesible la energía limpia a las poblaciones vulnerables.
El evento, también, destacó la relevancia del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), que brinda apoyo a los hogares más pobres del país para que puedan seguir cocinando con GLP y evitar regresar al uso de combustibles contaminantes.
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