La Sala Penal Especial de la Corte Suprema retoma hoy el juicio oral contra el expresidente Pedro Castillo Terrones, la expremier Betssy Chávez Chino y otros acusados por el delito de rebelión en relación con los hechos del 7 de diciembre de 2022.
La sesión inició con las declaraciones de testigos, siendo la primera en testificar la congresista Martha Moyano, quien ocupaba el cargo de primera vicepresidenta del Congreso en el momento de los hechos.
Durante la audiencia, la defensa de Castillo solicitó la suspensión de la sesión, argumentando que el exmandatario debía retirarse debido a una cita médica programada para las 11:30 a.m.
Posteriormente, rinde su testimonio el conductor del vehículo que trasladó a Castillo tras su mensaje a la nación del 7 de diciembre y un efectivo policial.
Renuncia fiscal
La fiscal Galinka Meza Salas, quien investigó a Pedro Castillo por el intento de quiebre del Estado de Derecho, renunció al Ministerio Público. Según la Resolución de la Fiscalía de la Nación N° 955-2025-MP-FN, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, Meza dimitió a su cargo como fiscal adjunta suprema provisional transitoria y a su puesto de carrera como fiscal provincial titular penal de Lima.
En su carta de renuncia, fechada el 19 de marzo de 2025, la exfiscal manifestó su decisión por «motivos personales» y solicitó que esta se haga efectiva el 20 de marzo.
La exmagistrada participó en las sesiones del juicio oral contra Castillo, Chávez, el exasesor Aníbal Torres y el exministro Willy Huerta. Tras su salida, el Ministerio Público quedó representado por los fiscales adjuntos supremos Luis Felipe Zapata Gonzáles, Alejandra María Cárdenas Ávila y Jaime Alcides Velarde Rodríguez.
Antes de su renuncia, Meza sustentó la acusación fiscal, en la que solicitó a la Sala Penal Especial de la Corte Suprema una condena de 34 años de prisión para Castillo por los delitos de rebelión, abuso de autoridad y grave perturbación a la tranquilidad pública.
Para los demás acusados, la Fiscalía solicitó penas de 25 y 15 años de cárcel, además de una reparación civil de 64 millones 419,038 soles, que deberá ser pagada de manera solidaria entre los sentenciados.
A Castillo y sus coacusados se les imputa el delito de rebeliónpor el intento de quiebre del orden constitucional el 7 de diciembre de 2022, cuando el exmandatario anunció en un mensaje televisado la disolución del Congreso y la reorganización del Poder Judicial, el Ministerio Público y otras instituciones.
Fuente: Agencia Andina
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