Organismos de la ONU se pronuncian contra reforma a la Ley Penal Juvenil en El Salvador
Por David Bernal
El Comité de los Derechos del Niño (CRC), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (OACNUDH-CA) y el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA), todos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), expresaron su preocupación este 13 de febrero de 2025 por las reformas aprobadas en El Salvador a la Ley Penal Juvenil que permitirán, entre otras cosas, que menores de edad guarden prisión con adultos.
«Las reformas contravienen instrumentos internacionales como la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), así como otros instrumentos internacionales, en cuanto al trato y las condiciones a observar para la privación de libertad de personas menores de edad, incluida la detención preventiva y la prisión posterior a la sentencia», sostienen los organismos en un comunicado difundido hoy en la página web de la UNICEF.
Sostienen además que aunque el decreto de reforma plantea que los menores de edad acusados por delitos relacionados a crimen organizado (pandillas) estarán en pabellones separados a los de adultos, esto implica que «la administración de los centros pasaría a manos de una entidad que no cuenta con especialización en niñez y adolescencia, y las medidas serían cumplidas en centros originalmente diseñados para personas adultas».
Las reformas presentadas representan un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos», agregan.
La preocupación de estos organismos de la ONU se basa principalmente en que hay evidencias de que internar adolescentes con adultos representa un riesgo para los primeros, tanto para su seguridad, su salud y el desarrollo psicológico y emocional.
«El CRC, UNICEF, OACNUDH-CA y UNFPA ponen a disposición del Estado salvadoreño todo su apoyo técnico para la búsqueda conjunta de soluciones que promuevan el respeto de los derechos que amparan a las y los adolescentes en conflicto con la ley, en función de lograr su reinserción plena a la sociedad de acuerdo con las normas internacionales», añaden.
El pronunciamiento es atribuido a Anne Skelton, presidenta del Comité de los Derechos del Niño; Karin Hulshof, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia; Andrés Sánchez Thorin, representante encargado para América Central de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas; Susana Sotolli, directora regional para América Latina y el Caribe del Fondo de Población de las Naciones Unidas.
La reforma a la Ley Penal Juvenil fue aprobada el 12 de febrero de 2025, con votos de la fracción oficialista Nuevas Ideas, del PDC y del PCN.
Organizaciones y Gobierno difieren sobre respeto a tratados internacionales en reforma de menores presos
Por Verónica Crespín
Organizaciones defensoras de derechos humanos creen que los menores de 18 años procesados o condenados por crimen organizado podrían sufrir agresiones físicas y sexuales en las prisiones de adultos donde sean trasladados, a raíz de la reforma a la Ley Penal Juvenil aprobada el miércoles, además de que señala que se están violando tratados internacionales.
La abogada de Cristosal, Zaira Navas, explicó a Diario El Mundo que los menores corren el riesgo de sufrir agresiones físicas y sexuales a pesar que de que la reforma plantea que estarían «separados» de los adultos por pabellones. Advirtió que podrían asumir nuevas «conductas violentas», tomando en cuenta que «El Salvador tiene cárceles con un nivel de hacinamiento altísimo».»Es una situación sumamente grave, que lo que hace es condenar de antemano a personas inocentes, someter a niños y adolescentes a un régimen que desde ya los está condenando y probablemente condenando a morir, a ser víctimas de agresiones sexuales, físicas y probablemente condenándolos a la muerte».
Zaira Navas, abogada de Cristosal.
La representante de Cristosal considera «mucho más grave» que la reforma contemple trasladar a los menores a prisiones de adultos aún cuando no han sido condenados, tomando en consideración que «están ocurriendo muertes por desnutrición, por violencia física con responsabilidad estatal».
Por su parte, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), Juanita Goebertus, consideró que las prisiones salvadoreñas «están hacinadas» y «son insalubres», por lo que no garantizan «su seguridad» y advirtió que se trata de personas capturadas «sin orden judicial.
Violación a tratados
La representante de Cristosal explicó a El Mundo que la reforma violaría tratados y convenios que El Salvador ha suscrito y el artículo 35 de la Constitución salvadoreña, que indica que los menores con «conducta antisocial» estarían sujetos a «un régimen jurídico especial». El régimen especial contemplaría «medidas socioeducativas» que tienen por finalidad la «resocialización y la reeducación» de los menores para el «deshabituamiento de las conductas violentas que llevaron a los adolescentes a cometer delitos».»Una medida de esta naturaleza que no busca la reeducación y el deshabituamiento de las conductas, difícilmente podrá deshabituar a los adolescentes de este tipo de de conducta violenta». Zaira Navas, abogada de Cristosal.
Navas indicó que, antes de la reforma, los centros de reeducación para adolescentes tenían programas especiales con clases, desahabituación de conductas violentas y del consumo de drogas «u otro tipo de sustancias que los hacen dependientes».
Cristosal consideró que la reforma podría violar el artículo 37-C de la Convención sobre Derechos del Niño y las reglas de Beijing o «Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores». El artículo citado indica que todo niño privado de libertad «estará separado de los adultos» y que se debe ser tratado «con la humanidad y el respeto que merece».
El jueves, una declaración firmada por representantes de las agencias de Naciones Unidas Comité de los Derechos del Niño (CRC), Fondo para la Infancia (Unicef), Alto Comisionado de los Derechos Humanos (Oacnudh-CA) y el Fondo de Población (Unfpa) señalaron la reforma como «un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos», advirtieron.Villatoro dice respetan Constitución y convenios
En contraste, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseveró que la reforma respeta los tratados internacionales. «Hemos sido muy respetuosos de nuestra Constitución, de los convenios internacionales, que velan por los menores de edad y también de nuestras leyes secundarias», dijo el martes pasado.
«Los menores que e encuentren en prisión preventiva estarán separados de los adultos y recluidos en establecimientos distintos o en recintos separados en los establecimientos en que haya detenidos adultos», leyó Villatoro el punto el punto 13.4 de las «Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores» o reglas de Beijing.
El funcionario citó el artícuo 26.3 de las reglas de Beijing, que indica que «los menores confinados en establecimientos penitenciarios se mantendrán separados de los adultos y estarán detenidos en un establecimiento separado o en una parte separada de un establecimiento en el que también estén encarcelados adultos».
Mencionó que el artículo 34 de la Convención de los Derechos del Niño, literal c, que indica que «todo niño privado de libertad será tratado con la humanidad y el respeto que merece, la dignidad inherente a la persona humana y de manera que se tengan en cuenta las necesidades de las personas de su edad, en particular, todo niño privado de libertad estará separado de los adultos, a menos que ello se considere contrario al interés superior del niño y tendrán derecho a tener contacto con su familia por medio de correspondencia y de visita, salvo en circunstancias excepcionales».
El funcionario público también mencionó el inciso segundo del artículo 35 de la Constitución.
Villatoro aseveró que el gobierno de El Salvador sí cree en ha rehabilitación y en la readaptación de los delincuentes comunes o menores, pero no creen «en la rehabilitación de terroristas, independientemente de la edad».
La reforma plantea que los menores acusados de agrupaciones ilícitas u delitos relacionados a crimen organizado y pandillas purguen sus penas o sean detenidos provisionalmente en las mismas cárceles que los adultos aunque estarían separados por pabellones.
Presidente Bukele recibe importantes líderes latinoamericanos en el “Encuentro Empresarial Padres e Hijos 2025”
El Presidente Nayib Bukele y la Primera Dama, Gabriela de Bukele, dieron la bienvenida a destacados líderes empresariales de Latinoamérica y a sus familias, quienes participan en la XX edición del Encuentro Empresarial de Padres e Hijos 2025, que se lleva a cabo en El Salvador.
Este evento, que reúne a importantes empresarios y sus herederos, busca fortalecer los lazos familiares y fomentar la visión de liderazgo y continuidad en los negocios a nivel regional.
Entre los asistentes más destacados se encuentra el magnate de las telecomunicaciones, Carlos Slim, quien ha sido una figura clave en el desarrollo de las telecomunicaciones y la inversión en América Latina.
El Encuentro Empresarial de Padres e Hijos ha sido una plataforma de diálogo y aprendizaje para las nuevas generaciones de empresarios, promoviendo valores como la innovación, la responsabilidad social y el desarrollo económico sostenible.
La elección de El Salvador como sede para esta edición refuerza la creciente confianza en el país como un destino atractivo para la inversión y el desarrollo empresarial
Asamblea aprueba reforma a la Constitución para eliminar la deuda política
Por Ricardo Flores
La Asamblea Legislativa aprobó una reforma a la Constitución de la República que elimina la financiación con fondos públicos de los partidos políticos de cara a la participación a elecciones, lo que se conoce como deuda política.
La reforma, que fue impulsada por el presidente Nayib Bukele y apoyada por el oficialista partido Nuevas Ideas, dispone la derogación del artículo 210 de la Constitución, que reconoce «la deuda política como un mecanismo de financiamiento para los partidos políticos contendientes, encaminado a promover su libertad e independencia».
La derogación fue aprobada con 58 diputados, la mayoría del oficialismo, y debe ser ratificada para que entre en vigencia. Algo que puede realizar esta misma legislatura después de que en enero pasado fuera avalada un cambio constitucional que permite reformas rápidas a la Carta Magna.
Los diputados oficialistas defendieron la eliminación de la deuda política, que era utilizada por los partidos políticos para sus campañas electorales, con el argumento de que esos fondos serán destinados “para atender las necesidades más urgentes como salud y educación”.
La deuda política son los recursos que el Estado entrega a los partidos políticos según la cantidad de votos que obtienen en cada elección.
El diputado Caleb Navarro (Nuevas Ideas) dijo que eliminar la deuda política “es lo que el país quiere”. Agregó que como partido oficial aprueban “lo que vienen del presidente Bukele porque es de beneficio para todo el país”.
El presidente de la república, Nayib Bukele, publicó en sus redes sociales que la oposición pasó “meses reclamando por qué no se eliminaba la deuda política, culpando al gobierno de no hacer las reformas lo suficientemente rápido”.
Agregó que “así hacen con todo: reclaman y reclaman por lo que ellos nunca hicieron y, cuando venimos y lo hacemos, cambian el discurso y empiezan a quejarse de que por qué lo hacemos”.
La diputada Claudia Ortiz, del partido de oposición VAMOS, criticó a los diputados del oficialismo y señaló que esta reforma únicamente busca justificar la reforma para poder realizar cambios exprés a la Constitución de la República.
Además, recordó que el partido oficialista ya recibió un poco más de $27 millones de esa deuda política, al tiempo que pidió devolver esos recursos estatales.
«Lo que quieren es justificar y empezar a usar este mecanismo exprés para poder cambiar la Constitución y los candados que le pone la Constitución al poder», dijo Ortiz, quien llamó a dejar de usar los fondos de los salvadoreños «para hacer campaña, para propaganda».
Fuente: Agencia Nodal | La Prensa Gráfica | Diario El Mundo | La Página
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