Con ello, se garantizará que efectivos de la PNP hagan uso legítimo de sus armas de reglamento en defensa de la ciudadanía.
Con el objetivo de fortalecer la lucha contra la criminalidad organizada en nuestro país, el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, solicitó hoy, ante el Congreso de la República, la suscripción de un Pacto por la Seguridad entre todos los poderes e instituciones del Estado para garantizar que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) hagan uso legítimo de sus armas de reglamento en defensa de la ciudadanía.
Fue en la “Reunión de trabajo sobre seguridad ciudadana”, realizada en la sala Miguel Grau del Parlamento, donde el titular del Ministerio del Interior (Mininter) planteó esta iniciativa al presidente del Legislativo, Eduardo Salhuana, argumentando que en la actualidad son más de 1000 policías denunciados por haber enfrentado legítimamente al terrorismo y la delincuencia.
“Solicito la suscripción de un Pacto por la seguridad, en la cual firmen todos los poderes del Estado, incluyendo al Ministerio Público. Así garantizaremos que los efectivos policiales no sean perseguidos judicialmente cuando hagan uso legítimo de sus armas de fuego”, manifestó el ministro.
En ese sentido, remarcó la importancia de empoderar a la institución policial para ejercer una lucha frontal y eficaz contra el crimen organizado. Por ello, la próxima semana iniciarán labores 200 abogados de la PNP en favor de la defensa legal de todos los agentes investigados y denunciados injustamente por cumplir su función en defensa de la seguridad ciudadana.
“Desde el Ministerio del Interior apoyaremos todas las propuestas dirigidas a potenciar a la Policía Nacional”, enfatizó Santiváñez Antúnez, destacando que este 2025 se ha conseguido un presupuesto histórico para el sector; lo que está permitiendo la adquisición de armamento, vehículos, chalecos antibalas y otros equipamientos para reforzar la capacidad operativa de la institución policial.
Más tarde, el titular del Mininter se refirió al proyecto de ley sobre terrorismo urbano como medida fundamental para combatir la extorsión, el sicariato y el secuestro; puesto que, quienes cometan estos graves delitos, serán castigados con pena privativa de libertad no menor de 30 años.
De igual forma, resaltó el arduo y eficiente trabajo de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas (FF.AA.) durante el estado de emergencia declarado en 14 distritos de Lima y Callao, tiempo en el que se logró detener a 13 525 delincuentes y desbaratar 458 bandas criminales. En cuanto a la región La Libertad, en los primeros 20 días del 2025, las fuerzas del orden consiguieron desbaratar 36 bandas criminales ligadas a la extorsión, sicariato y otros delitos.
Finalmente, el representante del Poder Ejecutivo agradeció al Congreso por demostrar su compromiso con la seguridad ciudadana en el país, organizando esta reunión que permitirá afianzar el trabajo articulado entre autoridades en beneficio de todos los peruanos.
La reunión contó con la participación de la presienta del Poder Judicial, Janet Tello; ministro de Defensa, Walter Astudillo; la primera vicepresidente del Congreso, Patricia Juárez; así como de parlamentarios y funcionarios públicos.
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