La presidenta del Poder Judicial, Janet Tello, sostuvo que las unidades de flagrancia delictiva tienen un rol preponderante en la lucha contra la inseguridad ciudadana e invocó al Congreso a priorizar este aspecto al momento de tomar decisiones.
Así lo señaló durante la mesa de trabajo sobre seguridad ciudadana realizada hoy martes en el Congreso de la República, encabezada por su presidente, Eduardo Salhuana.
La titular de la Corte Suprema se pronunció señalando que, hasta el momento, se han instalado hasta el momento 26 unidades de flagrancia en todo el país, pero que resultan insuficientes.
Asimismo, resaltó que todos los proyectos de ley presentados sobre la materia consideren la importancia de crear un sistema especializado en flagrancia delictiva, lo que hará más fácil la aprobación de la ley.
“Con relación a las medidas de lucha contra la delincuencia, qué duda cabe de que las unidades de flagrancia están ocupando un lugar preponderante y, por tanto, debe ser priorizado al momento de tomar decisiones en el Congreso”, sostuvo Tello Gilardi.
Afirmó también que, para que la norma tenga mayor impacto, debe abarcar no solo los casos de flagrancia en casos de hurto de celulares u otros delitos de menor relevancia, sino también los casos de feminicidio e incluso sicariato, cuando se logra capturar al autor del delito huyendo de la zona del crimen.
La presidenta del Poder Judicial insistió también en la necesidad de destinar un mayor presupuesto a estas acciones, ya que se necesitarán de cárceles para las detenciones de quienes sean capturados en flagrancia, así como laboratorios para la Policía Nacional y Fiscalía.
Terrorismo urbano
Con relación al Proyecto de Ley 9085, que busca crear el delito de terrorismo urbano, señaló que la propuesta del PJ es trabajar sobre lo que ya existe en el Código Penal, en lugar de establecer una nueva figura penal.
“Consideramos que el Código Penal ya regula con minuciosidad las figuras penales. Antes de crear una nueva tipificación, podría analizarse si los delitos existentes abarcan estos actos, como el reciente atentado contra los locales del Ministerio Público en La Libertad”, sostuvo.
Detención preliminar y Ley 32130
En otro momento, Janet Tello llamó la atención sobre la necesidad de restituir la detención preliminar, como ha manifestado el Ministerio Público, al señalar que “cada día, cada hora, se pierde la posibilidad de encontrar a los autores de delitos y que el hecho no quede impune”.
Advirtió también que la Ley 32130, emitida en octubre último, no solo afectará más de 100 casos de crimen organizado en el subsistema de justicia penal, sino que también impactará en los procesos de casación, que son vistos por la Corte Suprema.
Al respecto, Tello señaló que, hasta octubre, se tenían3 mil casaciones por resolvery dicho número se elevó en enero último a 14 500 causas, lo que sobrepasa las capacidades de los cinco magistrados supremos que se ocupan de estos procesos.
Indicó que antes se trataba de una figura excepcional y hoy se impone “prácticamente de oficio” debido a dicha norma, ya que abrió la posibilidad de apelar los autos de enjuiciamiento. “Se ha desnaturalizado la figura de la casación”, afirmó la presidenta del Poder Judicial.
Fuente: Agencia Andina
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