AIDESEP envió cartas a las embajadas de Suiza, EE.UU., India y Arabia Saudita en Perú para expresar su preocupación por la compra de oro realizada por empresas de estos países, considerados los principales mercados del mineral peruano, a pesar de los cuestionamientos sobre los vacíos normativos en su trazabilidad.
La organización indígena rechaza públicamente la continuación de esta comercialización y exige la suspensión de las compras hasta que se garantice una trazabilidad adecuada, asegurando que el oro no provenga de actividades mineras, ya sean legales, informales o ilegales, que destruyen los territorios indígenas de la Amazonía peruana.
La fragilidad de este bioma no soporta la remoción de riberas, la alteración de lechos y cursos de los ríos, ni la gigantesca contaminación generada por mercurio y petróleo.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) envió cartas a las embajadas de Suiza, Estados Unidos, India y Arabia Saudita en Perú para expresar su preocupación sobre el papel de estos países como grandes compradores de oro peruano.
Esto se debe a la deficiencia en la trazabilidad del oro en Perú, donde la certificación del origen del oro recae en los propios productores y no en el Estado peruano. Por ejemplo, estos solo deben presentar una simple declaración jurada sobre la procedencia del metal y afirmar que no están vinculados al lavado de activos.
Este escenario facilita prácticas ilegales como el comercio ilícito de oro y la mezcla de oro ilegal con oro legal, tal como han revelado investigaciones periodísticas.
En las misivas enviadas a partir del 18 de noviembre, AIDESEP también planteó consultas a dichas embajadas sobre las medidas adoptadas por sus países para garantizar que el oro peruano adquirido no provenga de la destrucción de los territorios indígenas ni de violaciones a los derechos humanos de los pueblos indígenas.
Estas cartas se enmarcaron en la Jornada Nacional de Acción: “Amazonía Libre de Minería y Extractivismo”, una serie de iniciativas realizadas en Lima y en los territorios indígenas, destinadas a visibilizar el impacto destructivo de la minería aurífera en los pueblos indígenas de la Amazonía peruana.
Por otro lado, las cartas enviadas a las embajadas incluían la solicitud de una reunión urgente con una delegación de líderes indígenas, representantes de pueblos afectados por la minería aurífera aluvial. A pesar del gran esfuerzo logístico realizado para llegar a Lima, no fueron recibidos, a diferencia de otras embajadas y organizaciones supranacionales, 1 Otras investigaciones relevantes son de Ojo Público y Mongabay Latam, como las de Canadá y Francia, así como la Unión Europea en Perú, que mostraron disposición para dialogar sobre acciones encaminadas a mitigar la crisis generada por la minería aurífera en la Amazonía peruana.
El llamado de atención a estas embajadas responde a una preocupación fundamentada por parte de líderes indígenas, quienes señalan que las deficiencias en la regulación estatal son aprovechadas por la minería ilegal, situación agravada por la complicidad de algunos funcionarios estatales y policiales involucrados en estas actividades. Este problema impacta gravemente a diversos pueblos indígenas, como el pueblo wampís, representado por el Gobierno Territorial Autónomo de la Nación Wampis (GTANW). Impi Rojas Wachapa, uno de sus voceros, lo expuso durante las acciones públicas realizadas en el marco de la Jornada Nacional de Acción.
En su intervención, detalló que el GTANW presentó, en abril de este año, una denuncia formal ante el Ministro del Interior del Perú, advirtiendo sobre la colaboración de ciertos agentes policiales con actividades de minería ilegal en el río Santiago. No es la primera vez que AIDESEP y las autonomías indígenas abordan este tema. En un documento público difundido en octubre de este año, exhortaron a las embajadas de estas naciones suspender las importaciones de oro peruano hasta que se implemente un sistema de trazabilidad confiable que garantice que el metal no proviene de actividades ilegales ni de la destrucción de los territorios indígenas. “Si los países compradores no toman medidas inmediatas, se convierten en cómplices por inacción de este ecocidio y etnocidio amazónico”, destacaba el texto.
Cabe destacar que el pedido a Suiza, India y Arabia Saudita de demostrar que compran oro sin causar dicha destrucción, es una de las 16 demandas indígenas ante la devastación minera en la Amazonía, que surgieron en el contexto de la “Jornada Nacional de Acción: Amazonía Libre de Minería y Extractivismo”.
Otras demandas indígenas incluyen el pedido de designar una misión del Convenio de Minamata de la ONU para que llegue a Perú, con el objetivo de investigar la contaminación por mercurio generada por la minería aurífera en la región amazónica y sus impactos en las comunidades indígenas y el medio ambiente. También se solicita la designación de una misión del Convenio de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, conocido como el Convenio de Palermo, para investigar la criminalidad transnacional vinculada a la minería aurífera en la Amazonía peruana.
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