Tras condenar y rechazar el hecho, el ministro Juan José Santiváñez dispuso esta medida para reafirmar el principio de autoridad de la PNP.
La Defensoría del Policía, en el ejercicio de sus funciones, denunciará penal y administrativamente a tres fiscales del Ministerio Público vinculados en un caso de agresión física y verbal hacia una suboficial de la Policía Nacional del Perú, hecho ocurrido el pasado 8 de octubre en la comisaría de Lince.
Según el parte policial, el fiscal Leonardo Alex Rosales Zavala, de la Segunda Fiscalía provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Provincias, se encontraba en dicha dependencia policial, junto a su pareja, por un caso de violencia familiar.
Cuando se encontraban en la sección de Familia de la comisaría, Rosales Zavala empezó a insultar y agredir a la mujer policía encargada de realizar las diligencias, por lo que fue rápidamente intervenido y reducido por tres efectivos, quienes detuvieron al fiscal en flagrancia.
Por este hecho, la entidad adscrita al Ministerio del Interior denunciará al fiscal provincial Leonardo Rosales Zavala por el presunto delito contra la administración pública, bajo la modalidad de resistencia a la autoridad en agravio del Estado.
En tanto, la fiscal adjunta anticorrupción Cinthya Viviana Cóndor Arce, quien es la pareja de Rosales, será denunciada por el presunto delito de obstrucción a la administración de justicia, en la modalidad de encubrimiento, debido a que, a pesar de haber presenciado la agresión a la suboficial, negó los hechos ante la PNP.
Finalmente, el director general de la Defensoría del Policía, Máximo Ramírez, presentará una denuncia por conducta funcional indebida contra la fiscal provincial de la Primera Fiscalía Corporativa Penal de San Isidro-Lince, Yanet Brisayda Roller Rodríguez, por haber ordenado la liberación del presunto agresor en menos de 24 horas, pese a que fue detenido en flagrancia.
Con esta medida, dispuesta por el ministro Juan José Santiváñez, el sector Interior condena y rechaza cualquier acto que atente contra la integridad del personal policial, además de reafirmar el principio de autoridad de las fuerzas del orden, que día a día trabajan para velar por la seguridad ciudadana.
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