La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuéllar, ha destacado la necesidad urgente de cerrar las brechas existentes en los servicios de agua y saneamiento en Perú. Según sus declaraciones, se requiere una inversión de S/ 120.000 millones hasta el 2030 para lograr este objetivo. Esta cifra contrasta con el presupuesto actual del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) destinado a esta área, que asciende a aproximadamente S/ 50.000 millones.
La ministra Pérez de Cuéllar subrayó el desafío que representa asegurar el financiamiento necesario para cerrar esta brecha. Además, mencionó la importancia de mejorar la gestión de las empresas prestadoras (EP) para garantizar una utilización óptima de los recursos. En este contexto, se está considerando la diversificación de las fuentes de financiamiento y la revisión de los esquemas tarifarios, con la idea de implementar un “subsidio inteligente” que promueva una mayor equidad. Asimismo, se descartó la posibilidad de privatizar Sedapal, aunque se está trabajando en una reforma profunda de esta empresa, la EP más grande del país.
El presidente ejecutivo de la Sunass, Mauro Gutiérrez, corroboró la cifra mencionada por la ministra, indicando que el Perú necesita alrededor de S/ 120.000 millones para cerrar la brecha de saneamiento. Actualmente, 3,1 millones de personas no tienen acceso a agua potable y 8,6 millones carecen de servicio de alcantarillado. Las empresas prestadoras (EP) de servicios de saneamiento solo han ejecutado en promedio el 13,98% de sus fondos provenientes de las tarifas en el primer semestre de 2023, lo que representa S/ 197,5 millones, según el tercer Reporte de Seguimiento de Inversiones de la Sunass.
La noticia resalta la urgencia y la magnitud del desafío que enfrenta Perú en materia de agua y saneamiento. La brecha entre el financiamiento necesario y el presupuesto actual del MVCS evidencia la necesidad de buscar soluciones innovadoras y eficientes para garantizar el acceso a estos servicios básicos a toda la población. La mención de un “subsidio inteligente” sugiere una reorientación hacia políticas más equitativas. Además, la baja ejecución de fondos por parte de las EP refleja problemas estructurales en la gestión y asignación de recursos, lo que podría tener repercusiones en la calidad y cobertura de los servicios si no se aborda adecuadamente.
Fuente: Alerta Económica
Acerca del autor
