Lady Camones pide a exmandatario dejar atrás su reiterativa conducta de acciones dilatorias y obstruccionistas
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SCAC), Lady Camones Soriano (APP), exhortó al exmandatario Pedro Castillo Terrones a presentarse en forma virtual y colabore con la justicia y deje atrás su reiterativa conducta de acciones dilatorias y obstruccionistas.
La titular de la subcomisión se expresó así después de escuchar el pedido del abogado de Castillo Terrones, quien solicitó la reprogramación de su participación y que ésta sea presencial.
Camones Soriano sostuvo que dada la condición de interno que tiene el expresidente en el penal de Barbadillo no es posible su presencia física en el Parlamento y cuestionó el pedido de reprogramación puesto que fue notificado de la audiencia desde el 8 de febrero pasado y disponer de las facilidades del caso.
El congresista delegado para la investigación del caso, Wilson Soto Palacios (AP), ofreció entregar por escrito sus preguntas pendientes, en consideración a la importancia que tienen las declaraciones del testigo.
La congresista Noelia Herrera Medina (RP) señaló que Castillo Terrones se escuda detrás de algunas audiencias para no participar en la subcomisión.
En la misma línea, la congresista Susel Paredes Piqué (NA) señaló que los pedidos del exmandatario son pretextos para dilatar el proceso.
El congresista José Balcázar Zelada (PB) preguntó por qué Castillo Terrones es presentado como testigo, si es imputado.
El abogado de Castillo Terrones, Eduardo Pachas Palacio, dijo que en la fecha su patrocinado había tenido tres audiencias y que le era imposible preparar la defensa en sus participaciones.
Durante la vigésima octava sesión extraordinaria de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales se escucharon los testimonios de varios testigos, entre ellos, los exministros de Defensa, Emilio Gustavo Bobbio Rosas y Daniel Hugo Barragán Coloma. Asimismo, del extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres Vásquez.
Un último convocado, el camarógrafo de un medio de comunicación, Antonio Pantoja Ochoa, fue entrevistado por la subcomisión en audiencia reservada, a pedido de él.
NIEGAN PARTICIPACIÓN
Todos los testigos convocados en forma pública coincidieron en señalar que no conocieron con anticipación al mensaje presidencial del 7 de diciembre pasado y que se sorprendieron una vez hecho público su contenido.
Bobbio Rosas, quien pidió un minuto de silencio por los fallecidos en los últimos conflictos en el país, señaló que se apersonó a Palacio de Gobierno a tempranas horas acompañando al comandante general del Ejército, Walter Córdova Alemán, quien presentó su renuncia.
Después, cuando fue convocado para escuchar el discurso, dijo que pensó que era de conciliación y que se sorprendió, pero que no le ordenaron ninguna disposición. Consideró que la medida era ilegal, pero que no tenía claro las causas que las motivaron.
Manifestó, asimismo, no tener contacto con ninguna de las autoridades de ese momento.
Por su lado, Torres Vásquez señaló no haber tenido reuniones previas al discurso presidencial ni conoció el contenido del mismo, ni saber quién lo elaboró.
Indicó que el día de los hechos preguntó a los ministros del Interior y de Defensa qué era lo que estaba ocurriendo, pero le respondieron que no sabían, ni les habían dicho nada.
Torres Vásquez manifestó su desconcierto de que el Gobierno tomara decisiones sin contar con el apoyo de las FF.AA., por lo que “las acciones de ese día no constituirían un golpe de Estado, porque el presidente no se había alzado en armas”.
También sostuvo que no hubo intención de cerrar el Congreso. «Lo que hubo es el propósito de restablecer el equilibrio de poderes, roto con la dación de la Ley 31399. Esa ha sido la intención”, expresó.
Los congresistas Patricia Juárez Gallegos (FP), Hernán Guerra García (FP) y Noelia Herrera Medina (RP), coincidieron en rechazar estos conceptos y aclarar que las medidas que se anunciaron fueron ilegales y constituyen delitos.
Como se sabe, se trata de la audiencia relacionada con la DC 328 formulada por la fiscal de la Nación, Liz Patricia Benavides Vargas, contra los exministros Betssy Betzabé Chávez Chino, en su condición de expresidenta del Consejo de Ministros; del exministro del Interior, Willy Arturo Huerta Olivas; y del exministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Helbert Sánchez Palomino.
Se acusa a los exministros del gobierno anterior de ser coautores de delito contra los poderes del Estado en la modalidad de rebelión y conspiración en agravio del Estado.
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