Se reprogramó la presentación de los testigos Jorge Muñoz y Nelson Shack
Por casi cuatro horas, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que preside la congresista Lady Camones Soriano (APP), llevó a cabo hoy la audiencia de las denuncias constitucionales (DC) 268 y 269 acumuladas, contra la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte Zegarra.
A la también vicepresidenta de la República, que asistió a la sesión junto a su abogado Alberto Otárola Peñaranda, se le acusa de haber infringido los artículos 38 y 126 de la Constitución Política y cometer los presuntos delitos de abuso de autoridad, omisión de actos funcionales y negociación incompatible (artículos 376, 377 y 399, respectivamente).
La sesión contó con la presencia de los parlamentarios denunciantes Javier Padilla Romero (RP) y Norma Yarrow (Avanza País) quienes expusieron los fundamentos de hecho de sus respectivas acusaciones, y de tres testigos de este caso.
Padilla señaló que su denuncia se basa en un informe de fiscalización de la Subgerencia de Fiscalización de la Contraloría General de la República sobre las declaraciones juradas presentadas por Dina Boluarte.
Indicó que, según ese documento, la vicepresidenta del país habría efectuado actos de gestión como presidenta del consejo directivo del Club Departamental Apurímac al haber suscrito diversos documentos de carácter público, por lo que habría vulnerado el artículo 126 de la Constitución.
Padilla señaló que estos actos de gestión son vulneratorios de la Constitución, por haber tenido lugar cuando ejercía el cargo de ministra de Desarrollo e Inclusión Social.
“Constituyen una objetiva y manifiesta infracción al artículo 126 de la Constitución que impide a los ministros de Estado ser gestores de intereses propios o de terceros, ejercer actividad lucrativa o intervenir en una dirección o gestión de empresas o asociaciones privadas”, señaló el legislador.
En tanto, la congresista Norma Yarrow indicó que Boluarte Zegarra habría realizado un trámite en abril de 2022 ante la Gerencia de Desarrollo Económico de la Municipalidad Metropolitana de Lima.
Señaló que dicho trámite habría tenido por objeto obtener la licencia de funcionamiento del club departamental Apurímac, que tres años atrás había sido revocada por la autoridad edil por quejas del vecindario.
Agregó que, por esa razón, la vicepresidenta habría suscrito un formato de declaración jurada para licencia de funcionamiento, declaración jurada sobre el giro de actividades del club, declaración jurada de representación legal y una carta poder para tramitar la licencia.
Recordó que el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz Wells, dijo en una entrevista que Dina Boluarte lo habría llamado “para que le resuelva unos temas relacionados al club Apurímac”.
Agregó que la investigación deberá demostrar si Dina Boluarte presentó su renuncia de manera irregular ante el Reniec, y la probable comisión de los delitos de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales y aprovechamiento indebido del cargo.
Por su parte, la denunciada Dina Boluarte manifestó que acude al Parlamento para defender su dignidad como mujer y madre. “Y a defender la única verdad: la misma que conducirá a los archivos de los presentes actuados”, refirió.
También advirtió que la Contraloría no le notificó debidamente todo el expediente de la investigación, lo que vulneraría su derecho a la defensa. “¿Estamos acaso ante un ejercicio abusivo de las facultades que la ley le reconoce a la Contraloría General de la República?”, se preguntó.
En otro momento, lamentó que algunos parlamentarios hayan adelantado que votarán a favor de la denuncia constitucional e imponerle la máxima sanción. “Sin escuchar mis argumentos de defensa, ya han hallado responsable”, dijo.
“Este plan está en marcha y me impondré”, señaló Boluarte en referencia a un supuesto intento de ir primero por su inhabilitación y luego por la vacancia presidencial.
Boluarte agregó que no ha existido ningún acto de gestión ni mucho menos llamadas, como lo habría señalado el exalcalde de Lima, Jorge Múñoz.
En tanto, el abogado Alberto Otárola pidió la difusión de un video con declaraciones de congresistas sobre el caso. Según él, “son miembros de la subcomisión que han adelantado opinión a favor de la inhabilitación”. En ese sentido, planteó que “esos congresistas se abstengan de votar esa causa”.
Además, respecto al informe de la Contraloría, señaló que es nulo e inconstitucional. “La Contraloría actuó de manera arbitraria, perjudicando el derecho a la defensa de la señora Boluarte”, apuntó.
En la audiencia, participó como testigo el notario público Jorge Luis Gonzales Loli, quien respondió a las interrogantes de los congresistas, entre ellas, que conoció a Dina Boluarte hace 10 años, y que ella fue su alumna de una maestría de Derecho Notarial y Registral.
Además, dio cuenta que la titular del Midis, en los meses de setiembre y octubre de 2021, cuando ya era ministra, hizo dos trámites referidos a la inscripción de la recomposición del consejo directivo ese club y la modificación de estatuto adoptada en una asamblea general de junio de ese año.
También dieron su testimonio, en calidad de testigos, Antonela Agarini Bernal, secretaria del club departamental Apurímac, y Néstor Amado Camargo, tesorero del citado club.
REPROGRAMACIÓN
Antes de levantar esa audiencia, la presidenta de la subcomisión informó que se reprogramará la presentación del exalcalde de Lima, Jorge Muñoz, y del contralor Nelson Shack, quienes tienen la condición de testigos de este caso.
“En cumplimiento del Reglamento del Congreso, el congresista delegado Reymundo Mercado, tiene hasta cinco días hábiles para presentar su informe final, una vez que concluyamos con los testigos que quedan pendientes”, señaló Camones Soriano.
OTROS TEMAS
La subcomisión también llevó a cabo la audiencia de la DC 074 (ex 415) contra la expresidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez Valdivia, y el ex ministro de Economía y Finanzas, Waldo Epifanio Mendoza Bellido, por la presunta comisión de infracción constitucional y delitos.
En la sesión participó como abogado de los denunciados, Samuel Abad Yupanqui, quien argumentó que la acusación es improcedente e infundada.
En otro momento, el grupo de trabajo aprobó ampliar por 10 días hábiles la entrega del informe final de la denuncia constitucional nro. 240, a solicitud de la congresista delegada Noelia Herrera Medina (RP).
También aprobó ampliar por 5 días hábiles más el plazo para la presentación del informe final de la denuncia constitucional nro. 001, a pedido de la congresista delegada Patricia Juárez Gallegos (FP).
Así mismo, se dio cuenta del retiro del recurso de reconsideración que había sido interpuesto por el legislador Ilich López Ureña (AP) sobre la aprobación del informe de calificación que declara procedente de la Denuncia Constitucional nro. 300, formulada por la congresista Patricia Chirinos Venegas.
“Considero que es importante que estos hechos se aclaren de la manera más pertinente”, dijo el citado parlamentario.
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