La semana pasada, representantes de organizaciones sindicales y de la sociedad civil peruana presentaron en la sede de la Unión Europea (UE) en Bruselas, una segunda actualización de la queja contra el Gobierno peruano, por incumplir con sus obligaciones laborales y ambientales en el marco del Acuerdo Comercial con la Unión Europea (UE).
En reunión con el director general de Comercio, Ulrich Weigl, y con el director general de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión, Alberto Funes, una delegación representante del Grupo Consultivo Interno (GCI) del Perú, expuso los aspectos centrales de la denuncia presentada por las centrales sindicales y organizaciones de sociedad civil en un documento dirigido al comisario de Comercio de la UE, Valdis Dombrovskis, en donde se detallan una serie de políticas laborales y ambientales que degradan los estándares contenidos en el Titulo IX sobre Comercio y Desarrollo Sostenible.
Los representantes de la UE tomaron nota de los casos expuestos; especialmente de las políticas de flexibilización laboral y ambiental adoptadas en el periodo de pandemia, que han facilitado una serie de incumplimientos y violaciones a los derechos fundamentales de los sectores comprendidos en el comercio bilateral entre el Perú y la UE.
Esta situación se ha dado a pesar de las recomendaciones realizadas el 2018 por la anterior comisaria de la UE, Cecilia Malmström, que, en comunicación dirigida al Gobierno peruano, listó una serie de medidas normativas y administrativas que debían adoptarse para garantizar que el Perú cumpla con sus obligaciones derivadas del acuerdo comercial vigente desde el 2013.
“El Estado peruano no ha mostrado diligencia para honrar sus compromisos en materia de derechos humanos comprometidos en acuerdos comerciales suscritos por el Perú, como es el caso del de la UE”, indicó Enrique Fernández-Maldonado, miembro del Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos (Perú EQUIDAD). “El uso extensivo de los contratos temporales en sectores como la agroindustria y los textiles, beneficiados del acuerdo, constituyen uno de los principales obstáculos que encuentran los trabajadores para ejercer la libertad sindical, van a contracorriente de los derechos fundamentales que se comprometió a garantizar y cumplir el Estado peruano para beneficiarse con las ventajas arancelarias con que nuestros productos de exportación ingresan al mercado europeo”, agregó.
La representación de la UE manifestó llevar a consulta con sus pares del Perú los casos presentados por el GCI peruano, a fin de identificar los avances y desafíos que enfrenta el Gobierno para cumplir con las obligaciones derivadas del acuerdo comercial. Las denuncias y recomendaciones planteadas por las organizaciones peruanas se discutirán en la próxima reunión del Subcomité de Comercio y Desarrollo Sostenible, que se realizará en octubre del presente año.
Acompañaron a la delegación peruana representantes de la Plataforma Europa-Perú, y de la Coalición belga 11.11.11, quienes participaron en la presentación de la primera queja el 2017, a los cuatro años de iniciada la implementación del Acuerdo Comercial entre la UE y los países andinos.
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