Ministro cuestiona informe de Comisión de Fiscalización sobre el presidente.
En el proyecto de ley que el Poder Ejecutivo presentará al Congreso para sancionar la filtración de información reservada sobre investigaciones judiciales “no hay un solo cuestionamiento” a la labor de la prensa, indicó el ministro de Justicia, Félix Chero.
“No hay cuestionamiento o bloqueo al ejercicio legítimo de la libertad de expresión”, manifestó el representante del gobierno, en declaraciones a Exitosa. Indicó que lo que se planteará al Parlamento busca “regular una conducta dolosa”.
Argumentó que la filtración de información reservada por parte de jueces y fiscales ha llevado a que fracasen varias investigaciones sobre casos emblemáticos. Si los elementos de prueba son revelados, los denunciados tendrán elementos para atacar a la labor de los órganos de justicia, añadió.
Chero también dijo que lo señalado por los aspirantes a colaboradores eficaces Zamir Villaverde y Karelim López no ha llevado hasta el momento a acreditar el vínculo del presidente Pedro Castillo con actos de corrupción.
De igual modo, el ministro justificó que el mandatario no haya declarado ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, señalando que el presidente de dicho grupo había adelantado opinión sobre la supuesta responsabilidad del mandatario, incluso antes de tomarle su declaración.
Esto se comprueba con el contenido del informe final, que hoy difunde un diario local, señalando que se pide acusar al jefe del Estado, indicó. “¿Para qué querían la declaración del presidente de la República, si ya tenían todos los elementos?”, preguntó.
Oportunidad para el presidente
Consultado sobre la carta que en la víspera dirigiera la dirigencia de Perú Libre al Mandatario para que presente su renuncia a ese grupo político, Chero consideró que este, tras tomar conocimiento de que su presencia allí no es grata, planteará su dimisión.
En ese sentido, dijo que esta “es una gran oportunidad para que el presidente delimite funciones y poder político”, respecto a la mencionada organización política.
Por otro lado, el ministro de Justicia negó la posibilidad de que Antauro Humala pueda recibir beneficios que acorten su condena y permitan que salga en libertad, ya que el delito de secuestro, por el cual se le sentenció, está exento de dicha prerrogativa. “No existe ninguna intencionalidad política” manifestada en mantenerlo en prisión, dijo.
En cuanto a las conversaciones con las comunidades afectadas por las actividades de la mina Las Bambas, dijo que indicó que “si existieran nuevas demandas esas se van a atender en un nuevo tramo”. Consideró que en estas negociaciones, la empresa viene actuando de «manera muy responsable”.
Anunció también que el gobierno desarrollará un proceso de formalización de las tierras de la comunidad de Choaquire, ubicada en la zona de influencia de la minera, pues sus pobladores no cuentan con documentos que legitimen la propiedad de sus tierras.
Fuente: Agencia Andina
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