Aunque la pandemia por la COVID-19 ha evidenciado la estrecha relación del tráfico ilícito de vida silvestre con la propagación de virus y otros patógenos transmisibles de los animales a los seres humanos, este delito continúa en auge e incluso se ha intensificado el uso de internet como canal de venta.
En el 2021, pese a las restricciones sanitarias y medidas de inmovilización, se decomisaron más de 1800 animales vivos en el Perú, de acuerdo a reportes periodísticos, con el fin de servir de mascotas, para consumo o para extraer sus partes, como pieles, colmillos, plumas o cráneos, para ser usadas como amuletos, en medicina tradicional y la industria textil, entre muchos otros fines.
Expertos internacionales junto con los congresistas Héctor Ventura, Edward Málaga y Alfredo Pariona Sinche, autores de los Proyectos de Ley N° 463-2021/CR, Ley N° 196/2021/CR y N° 993/2021/CR, respectivamente, participaron del evento virtual “El tráfico de vida silvestre bajo la Ley de crimen organizado” donde concordaron en señalar que el Perú debe dar pasos importantes en defensa de la vida silvestre priorizando el debate en el Congreso de la República y redoblando los esfuerzos para combatir este flagelo junto con el Ministerio Público, la Policía, SERFOR y la SUNAT y otras entidades.
“El tráfico de fauna es un delito casi invisible, por lo que se requiere mejorar las herramientas para su investigación y persecución, tal como se hizo con los delitos de tala y minería ilegal. Este no es un delito aislado, es una opción adicional de ingresos para quienes se dedican a otros delitos ambientales, por lo que requiere un enfoque integral”, explicó Adriana Brusatin, coordinadora de la región Andes de la organización Panthera, quien destacó que el tráfico ilegal de partes de jaguar en la región latinoamericana es un delito trasnacional, por lo que la cooperación entre gobiernos es indispensable.
Si bien existen instrumentos internacionales que sientan las bases para que los países suscritos aprueben normativas que refuercen el combate a los delitos contra la vida silvestre, en América Latina únicamente México los ha reconocido expresamente como crimen organizado dentro de su legislación.
En ese sentido, Nick Fromherz, abogado y profesor de la Universidad de Lewis & Clark, remarcó que la utilización de agentes encubiertos, así como el levantamiento del secreto bancario, son herramientas de investigación que pueden ser aplicadas si es que se aprueban estas iniciativas.
Lorena Hernández, Especialista Legal Tráfico Ilegal de Vida Silvestre de Andes, Amazonía y Orinoco de WCS, manifestó que aprobar estas iniciativas legislativas marcaría un avance sin precedentes en la región. “Esto va a dotar a las autoridades de herramientas especializadas de investigación, lo que incrementará la tasa de detección, así como la disuasión de esta conducta criminal, ayudando a comprender las dinámicas del comercio ilegal, lo que permitirá al éxito de la aplicación de esta ley”, apuntó.
“Esto permitirá que el Perú se convierta en el primer país y líder en la región en Sudamérica en reconocer de manera expresa, en una Ley contra el Crimen Organizado, que los delitos contra la vida silvestre forman parte del ámbito de aplicación de esta”, manifestó Kristine Perry, abogada del Enviromental Law Institute, institución que realizó un estudio que analiza la normativa legal en el mundo sobre estos delitos.
Con ello, se empoderará a estas instituciones con las herramientas adecuadas para identificar y desarticular las organizaciones criminales que lucran con estas actividades ilegales que contribuyen al crecimiento del crimen organizado y de una economía del delito, e impacta en el ambiente y la salud de las personas.
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